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Las fianzas de $3 millones y $5 millones "ni siquiera afectarían el patrimonio" de los dueños de MECO y H. Solís en caso de fuga.

Ese fue el razonamiento de un juez del Tribunal Penal de Hacienda, quien anuló dichos montos y dejó en firme la prisión preventiva contra ambos empresarios.

"Los valores dados en garantía, no son otra cosa que una ínfima parte del supuesto beneficio económico que los acusados Cerdas y Solís tuvieron durante largo tiempo de “negociaciones” con el Conavi, pues es necesario recordar que aquellos son las cabezas empresariales una organización criminal que contrataban obra pública con el Estado Costarricense", dice la resolución.

"Queda entonces por preguntarse si aquellos (Carlos Cerdas y Mélida Solís) tomaran la determinación de huir del país, y las garantías inmuebles fueran reclamadas por el Estado, de conformidad con lo establecido en el numeral 252 del Código Procesal Penal, estaría liquidando minúscula parte del beneficio económico presuntamente ilegal que obtuvieron las empresas de los imputados", argumenta Hugo Porter Aguilar.

El juez insistió en que las sumas fijadas en $3 millones para Solís y $5 millones para Cerdas "representan insignificantes porcentajes del beneficio supuesto que produjo la organización criminal", estimado en unos 78 mil millones de colones ($123 millones).

La resolución dice que la caución impuesta al dueño de MECO apenas representa un 8.5% de ese total estimado, mientras que la fianza de la propietaria de H. Solís equivale a un 5% del total.

"Igualmente se han considerado las condiciones socioeconómicas de los acusados, empresarios a la cabeza de compañías con altísimos recursos económicos, las facilidades logísticas innegables y de conocimiento generalizado que se convertirían el mecanismos más que suficientes para poder generar una vida fuera de nuestras​fronteras. Desde el punto de vista del peligro de fuga, la caución real no es una medida idónea ni proporcional para el aseguramiento de los acusados en el proceso", concluyó el juez Porter Aguilar.

Por esa razón, los dueños de las constructoras tendrán que ir a prisión y tampoco pueden realizar contratos con el Estado. 

Los demás investigados por el caso "Cochinilla" cumplen medidas cautelares alternas.