Exdirector del OIJ afirma que disolver Unidad Táctica de la institución es desconocer fenómeno criminal en el país

El Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) ha permitido la detención de sospechosos sin personas lastimadas, como un suceso ocurrido en Moín del 2015.

Los casos de enfrentamiento también incluyen al anterior grupo táctico conocido como Servicio Policial de Intervención Inmediata, SPII.

Uno de los hechos recientes más lamentables ocurrió tras varios allanamientos en Puntarenas, donde oficiales del SERT tuvieron que responder a los disparos de varios sospechosos de sicariato y tráfico de drogas.

Los tres murieron pero los agentes pudieron a salvo a niños y mujeres que se encontraban en la misma casa.

Si bien los casos donde son recibidos a balazos son pocos, lo cierto es que el entrenamiento la capacitación y las labores previas a un allanamiento o situación riesgosa permiten reducir situaciones de peligro para policías y sospechosos.

Sin embargo algunos magistrados consideran que el grupo debería conjuntarse a trabajar solo cuando se requiera para un allanamiento o una situación de riesgo.

Así lo establecieron en el informe Fibal de la Comisión de Enlace de la Corte-OIJ, en el cual indican los magistrados:

"Algunos de los expertos explorados por la comisión, manifiestan en cuanto a la conveniencia de que la corte decida si conviene a una policía de investigación, mantener  un ‘grupo táctico’ dedicados en exclusiva a operaciones alto riesgo.

“De ser así, al menos, debe regularse de manera muy clara, los casos en los que por su especialización deben intervenir, las relaciones con otros grupos tácticos.

“Podrían rediseñarse las funciones del SERT y maximizar el aprovechamiento del recurso, asignándoles funciones propias de investigación, acudiendo a ellos cuando los casos lo ameriten, garantizando la capacitación necesaria para mantener las habilidades especiales requeridas".

El informe de la Comisión de enlace además señala la revisión del manual. Respeto de derechos humanos se han seguido procesos administrativos y penales por abusos policiales, en particular los cuestionamientos del personal invitado son mayoritarios por parte de los funcionarios encargados del control de detenidos. 

Algunas ponencias recabadas se refieren a la forma como se efectúan algunos allanamientos y el uso excesivo de la fuerza, así como la cantidad de funcionarios que participan en las diligencias, los procedimientos para traslado de detenidos aplicados de manera absoluta sin tomar en consideración las particularidades del imputado, exigen la atención de la comisión y de la Corte en general.