Estos fueron los casos judiciales más sonados de 2021

El 2021 estuvo marcado por casos de aparente corrupción en la función pública que salpicaron a instituciones estatales, alcaldes y empresas privadas de renombre. Las investigaciones revelaron supuestas redes de manipulación que operaban mediante la entrega de dádivas y favores para el beneficio de los involucrados.

El año que termina también deja cientos de homicidios (más de 550 en todo el país), de los cuales destacan los femicidios contra mujeres jóvenes. Estos casos tuvieron repercusiones importantes en el diálogo y en la coyuntura nacional y algunos, aunque ocurrieron en 2020, no llegaron a una sala de juicio hasta 2021. Uno de los más casos más sonados fue el de Alison Bonilla, en Cartago.

Caso Allison

Allison Bonilla desapareció la noche del 4 de marzo de 2020, cuando caminaba por la noche hacia su casa en Ujarrás Cartago.

Seis meses después, en setiembre, aparecieron sus restos en un botadero clandestino cerca de la zona, luego de que el principal sospechoso de su muerte confesara a las autoridades el lugar donde había dejado los restos.

Nelson Sánchez Ureña fue detenido en setiembre de 2020 por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sin embargo, fue el lunes 19 de julio de 2021 cuando inició el debate en los Tribunales de Cartago contra este hombre por el delito de homicidio calificado.

Sánchez, quien asesinó brutalmente a la joven de 18 años, trabajaba como agente de ventas de pintura cuando ocurrieron los hechos.

La Fiscalía demostró que Sánchez llevó a Allison a un lugar solitario, que la violó, la golpeó y después la amarró para introducirla en la cajuela del carro que conducía. Finalmente, se fue hasta el botadero clandestino, en Cachí, para deshacerse del cuerpo.

Bonilla, de 18 años, fue asesinada en 2020 por Nelson Sánchez Ureña.

El 18 de agosto, el Tribunal Penal de Cartago, por unanimidad, resolvió y declaró a Nelson Sánchez Ureña como autor responsable de un delito de homicidio simple en perjuicio de Allison Bonilla. Se le impuso una pena de 18 años cárcel y no la pena máxima. Esto porque fue absuelto de toda pena y responsabilidad por el delito de violación por el que también se le había señalado.

En su argumentación, el Tribunal consideró que, tras el análisis, existe un "grado de certeza" en todos los elementos necesarios para demostrar que el imputado es el responsable de matar a la joven, el día 4 de marzo de 2020. El acusado no recibió la pena máxima

“Yo no quedé satisfecha con el Tribunal porque falló en empatía, la vida de mi hija, quien tenía 18 años, no valía por unos años de cárcel para ese hombre. Él merecía la pena máxima porque si vuelve a salir de la cárcel y, así como jugó con las autoridades y con nosotros, va a volver a matar a otra muchacha porque con la pena que le dieron saldrá rápidamente”, aseguro en aquel momento la mamá de Bonilla, Yendry Vásquez.

Caso Luanny

Luanny Salazar de 23 años fue reportada como desaparecida ante las autoridades el 9 de junio de 2020. Días después, el 15 de junio, su cuerpo fue encontrado por un familiar, enterrado en el patio de la casa del principal sospechoso, en Linda Vista de La Unión, Cartago.

Luego de posponerse en dos ocasiones, fue el lunes 5 de julio de 2021 cuando inició el juicio contra Kenneth Mejía Chavarría por matar a la joven.

Siete días después de iniciado el debate, se dictó la sentencia: “Por unanimidad, Kenneth Mejía es autor responsable del delito de homicidio simple y hurto agravado en perjuicio de Luanny Valeria Salazar. Se le impone una pena de 18 años de prisión por el primer delito y un año más para el segundo delito”, pronunció Erika Soto, jueza a cargo de la lectura del por tanto.

A Mejía también se le condenó al pago de 15 millones de colones por daños morales.

Salazar tenía 23 años cuando fue brutalmente asesinada por Kenneth Mejía.

Según la sentencia, en el día del asesinato, Mejía se citó con su vícitma y, en determinado momento, se desplazó con ella hasta la casa donde vivía con su abuela en Linda Vista de La Unión, en Cartago.

En el lugar, le solicitó a la ofendida que lo acompañara a la segunda planta y, en una habitación, de forma sorpresiva, le dio muerte y se apoderó de sus bienes.

El Tribunal indicó que el imputado le propinó al menos seis estocadas con un arma punzocortante. Según la argumentación de las partes, Mejía envolvió el cuerpo de Luanny en un plástico de color negro y lo aseguró con cinta adhesiva. 

“Al Tribunal y a todos los que conforman esos puestos deberían de tener más empatía y ponerse en el lugar de nosotros porque si ellos hubiesen pasado por esto seguro le darían más años de cárcel al asesino. Ahorita va a salir de la cárcel y pondrá en riesgo a otras mujeres. Kenneth no solo mató a mi hija, me mató a mí y a una parte de la familia porque nuestra vida nunca más va a ser igual sin Luanny y duele la forma como partió de este mundo”, dijo Patricia Zamora, mamá de la joven asesinada.

En una nueva audiencia, que se realizará el próximo mes de enero de 2022 en el Tribunal de Apelación de Cartago, Joseph Rivera, abogado de la familia de la joven, pedirá que se aumente la pena a 35 años de cárcel debido a los agravantes.

Caso Cochinilla

La mañana del 14 de junio, Costa Rica recibió la noticia de uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha visto el país y que involucró 57 allanamientos simultáneos y 29 personas detenidas en una operación conjunta que se bautizó como el caso “Cochinilla”.

Cientos de agentes de OIJ ingresaron a Casa Presidencial, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), empresas constructores y casas de habitación.

El Ministerio Público investigó supuestas irregularidades en los procesos de contratación y ejecución contractual de obras públicas. Según la Fiscalía, encontraron pruebas de presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.

Funcionarios públicos habrían recibido sobornos y dádivas a cambio del aparente desvío de fondos, destinados originalmente a algunos proyectos viales y utilizados luego para el beneficio de los involucrados. El Ministerio Público reportó una presunta malversación por 78 mil millones de colones.

“Este es uno de los casos más importantes en los que ha trabajado el Ministerio Público y el OIJ. En el año 2019 recibimos información confidencial sobre que un grupo de funcionarios públicos que se reunían con miembros de empresas privadas, que eran las que siempre ganaban las adjudicaciones, y que estaban malversando fondos que afectaban el erario público”, dijo Walter Espinoza, director de OIJ.

Las autoridades judiciales detuvieron a un total de 30 personas, entre los cuales habían funcionarios del Conavi y altos jerarcas de las empresas constructoras Meco, H Solís, Casisa, Constructora Herrera, ITP, Constructora Montedes y Alsofrutales.

A 16 de los imputados se les impuso como medida cautelar el no acercarse a los testigos de la causa, el firmar una vez al mes y se les prohibió salir sin autorización del país.

Contra los investigados que ostentan un puesto en la función pública se solicitó la suspensión del cargo y, en relación con quienes no son funcionarios, se pidió ordenar la prohibición de realizar contratos con la administración pública. 

Además, contra los dueños de las empresas Meco y H.Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís, se dictó cinco meses de prisión preventiva que vencerán el próximo 26 de marzo de 2022.

Caso Azteca

El martes 9 de noviembre reventó el caso Azteca, el cual involucra a 14 funcionarios públicos y a 12 supuestos empresarios quienes habrían movido aproximadamente 1.370 millones de colones entre licitaciones y bienes e inmuebles. Este caso fue histórico por el hecho de que era la primera vez que se detectaba la infiltración de personas vinculadas al narcotráfico en una institución del Estado.

La supuesta estructura criminal, que en un principio se dedicaba al tráfico de drogas, corrompió a funcionarios públicos para lavar dinero mezclando capital ilícito con los fondos del Estado.

La Policía Judicial realizó 37 allanamientos en las oficinas centrales de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en Pavas, así como en las casas de los involucrados ubicadas en Puntarenas, Esparza, Orotina, San Mateo, Cartago, Alajuela, San José, San Isidro de El General y Pérez Zeledón.

Los trabajadores de AyA fungían como abogados, administradores e ingenieros con posibilidades de determinar cómo se hacían las licitaciones. Estas personas habrían creado facturas falsas, justificando gastos inexistentes y simulando situaciones de emergencia para generar fondos que luego trasladaban a sociedades anónimas mediante licitaciones. A cambio obtenían dinero, así como bienes, muebles e inmuebles.

Por este caso también se aprehendió a un empleado de un banco estatal que, al parecer, les brindaba asesoría sobre cómo bancarizar los fondos, hacer el cambio a dólares sin despertar sospechas y superar los obstáculos de antilavado que tienen las instituciones financieras.

El supuesto grupo criminal adquirió mediante el uso de testaferros y, en un espacio de tiempo reducido, 22 bienes e inmuebles, así como 30 vehículos de uso personal y de construcción valorados en 600 millones de colones y 110 mil dólares.

“Los funcionarios públicos avisaban a los empresarios cuándo eran las licitaciones, les indicaban los momentos, manera y montos que debían licitar. Les ayudaban a confeccionar las ofertas, adicionalmente les brindaban criterios jurídicos que los favorecían y al mismo tiempo les indicaban cuáles eran los proyectos y presupuestos asignados. En un periodo de 8 meses, obtuvieron 17 licitaciones cercana a 700 millones de colones”, dijo Walter Espinoza, director de OIJ.

El principal cabecilla de la supuesta organización es un colombiano de apellido Camelo de 79 años, quien fue capturado en una propiedad en Jesús María, Esparza.

Fue el 19 de noviembre cuando el Juzgado Penal de San José dictó medidas cautelares contra los involucrados por este caso.

Se ordenó seis meses de prisión preventiva contra seis personas quienes integrarían la banda de narcotraficantes, además, 16 funcionarios públicos fueron suspendidos del cargo por seis meses y deben firmar una vez al mes.

Contra otros tres funcionarios públicos se dictaron, como medidas cautelares, el firmar una vez al mes y no tener contacto con los testigos de la causa. Un imputado más por este caso fue puesto en libertad.

Caso Diamante

El 15 de noviembre el OIJ realizó 40 allanamientos y detuvo a 13 personas, entre ellos, a 11 funcionarios públicos, a un trabajador de la empresa MECO y a otro más de Explotec.

Entre los aprehendidos figuraron los alcaldes Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Alberto Cole de León (Osa), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Humberto Soto Herrera (Alajuela) y Arnoldo Barahona (Escazú).

También fueron detenidos cinco funcionarios de las municipalidades de Escazú, Alajuela, Golfito y San José.

Los alcaldes detenidos durante los allanamientos por el caso Diamante.

Según la investigación del Ministerio Público, los empleados de la empresa constructora ejercían los controles necesarios de los funcionarios municipales, dialogaban directamente con los alcaldes y funcionarios de gobiernos locales para la adquisición de trabajos de contratación rápida y la agilización de facturas y pagos.

Después de la audiencia, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública inhabilitó de su cargo, durante un plazo de seis meses, a los alcaldes investigados. Los alcaldes en cuestión también tienen prohibido salir del país y deben presentarse a firmar cada 15 días. 

Además, la jueza le impuso arresto domiciliario con tobillera electrónica a un empleado de la empresa MECO.

El resto de los imputados, sumados a los alcaldes y al trabajador de MECO, recibieron también como medida cautelar el no acercarse ni comunicarse con los testigos.

Tras este escándalo, los alcaldes Alfredo Córdoba de San Carlos, Alberto Cole de Osa, Johnny Araya de San José y Humberto Soto de Alajuela renunciaron a su salario. Por otro lado, el Concejo Municipal de Cartago le suspendió el salario al alcalde Mario Redondo.

El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, es el único que aún mantiene su salario.

“Luego de la notificación de la medida cautelar, el Concejo Municipal presentó una moción y la votaron a favor orientada a trasladarle esta responsabilidad a la administración (actual alcaldesa) quien tome la decisión si se suspende o no el salario de Barahona. La alcaldesa dijo que no es la administración quien debe de decidir sino más bien el Concejo Municipal. La alcaldesa revocó la moción y ahora irá al Tribunal Contencioso Administrativo”, dijo José Daniel Vargas, vocero del gobierno local de Escazú.

Al igual que con el caso Cochinilla, los funcionarios públicos habrían favorecido a MECO en temas de licitaciones, en el pago adelantado de facturas y hasta en el inicio por adelantado de obras públicas.

“Los actos de corrupción están relacionados con licitaciones, construcciones, pagos de obra pública, así como la facilitación de oportunidades irregulares a MECO que involucra a funcionarios públicos quienes le generaron ventaja a la empresa a cambio de dádivas y sobornos”, dijo Walter Espinoza, director de OIJ.

Cabe resaltar que en el caso Diamante también figura como imputado el dueño de MECO, Carlos Cerdas, quien actualmente descuenta prisión preventiva.

Los abogados defensores de los alcaldes señalados buscan desvirtuar la inhabilitación del cargo impuesta a los jerarcas. La audiencia de apelación de medidas cautelares iniciará el próximo 31 de enero de 2022 y se extenderá hasta el 4 de febrero, de forma virtual.

También plantean apelar otras medidas cauterlas, como la prohibición para salir del país, la obligación de presentarse a firmar cada 15 días y la restricción para acercarse a los testigos del caso.