Estafas informáticas y fusiles de guerra dispararon alertas del OIJ en 2025

Este lunes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentó, en conferencia de prensa, el balance de incidencia criminal en Costa Rica durante el 2025, con énfasis en tendencias, variaciones y zonas de mayor impacto.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, informó que las denuncias recibidas por la institución registraron una disminución del 0,1 % el año anterior, con un promedio de 9.346 denuncias mensuales, lo que equivale a 9.346 casos por mes.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, se reportó una reducción del 11%. Los asaltos también presentaron descenso, mientras que el robo de vehículos mostró una baja del 1,4% en comparación con el 2024.

No obstante, las estafas informáticas, fraudes con tarjetas y cheques bancarios registraron un incremento del 9%. Soto señaló que la criminalidad evidencia un acelerado traslado hacia el entorno digital, donde los ciberdelitos son percibidos por los grupos delictivos como más lucrativos y de menor riesgo para su integridad física. Indicó además que el hurto, el robo y las estafas informáticas continúan siendo los hechos más denunciados por la población, y proyectó que en un plazo de dos a tres años, la estafa informática podría convertirse en el delito de mayor impacto estadístico en el país.

En el apartado de armamento, el OIJ alertó un aumento en el decomiso de fusiles y rifles, que pasó de 81 casos en 2024 a 122 en 2025, lo que representa un crecimiento del 50,6%.

Sobre homicidios dolosos, el país cerró el 2025 con 873 víctimas, ligeramente por debajo de las 876 registradas en 2024. Las cifras de años anteriores fueron 905 en 2023 y 654 en 2022, con un promedio diario de 2,4 personas asesinadas.

La distribución territorial de la violencia homicida mostró mayor concentración en San José, particularmente en el Valle Central, el Caribe y el Pacífico Central. De acuerdo con el informe, San José es la provincia con mayor incidencia criminal y el cantón Central de San José fue identificado como el más violento del país, con 142 víctimas por homicidio doloso. Las principales áreas de afectación dentro de esa jurisdicción fueron Pavas, Hatillo y San Felipe de Alajuelita.

En la clasificación distrital, Limón encabeza como el distrito con mayor cantidad de homicidios, sumando 63 víctimas, seguido por las provincias de Puntarenas y Limón.

El OIJ contabilizó 85 víctimas colaterales en 2025, una disminución en comparación con las 93 reportadas en 2024, pero superior a las 52 de 2023. Soto también mencionó que los incidentes con participación de gatilleros que disparan de forma indiscriminada han dejado víctimas en grupos vulnerables, incluidos bebés, menores de edad, adultos mayores y mujeres.

Durante el 2025 se reportaron 22 personas calcinadas, cuatro maniatadas y ocho cuerpos enterrados, lo que, según la institución, evidencia un aumento en los métodos utilizados por estructuras criminales para ocultar y deshacerse de los cuerpos.

En el ámbito de violencia doméstica, los homicidios vinculados a esta problemática aumentaron de 33 casos en 2024 a 50 en 2025.

Respecto a la venta de drogas, se registró un crecimiento significativo, pasando de 912 casos en 2024 a 1.244 en 2025, lo que representa 332 expedientes adicionales en comparación con el año anterior.

Las autoridades indicaron que en 2025 se decomisaron más de 10 toneladas de marihuana de origen colombiano, un aumento sustancial frente a las 2,5 toneladas incautadas en 2024. En el caso de la cocaína, el decomiso alcanzó 5 toneladas, cifra inferior a las más de 6 toneladas registradas en 2024.

Asimismo, se informó la incautación de 51 kilogramos de metanfetaminas, con un valor estimado de casi 3 millones de dólares. El OIJ subrayó que las drogas sintéticas, entre ellas éxtasis y ketamina, comienzan a aparecer con mayor frecuencia en los decomisos, un fenómeno que anteriormente estaba dominado por marihuana, cocaína, crack y otras sustancias tradicionales.

Actualmente, el OIJ mantiene 109 estructuras criminales bajo investigación en el país.

La institución también señaló la necesidad de incrementar recursos operativos y policiales, aunque reiteró que los datos presentados corresponden estrictamente a tendencias estadísticas de 2025.