DIS dijo bajo juramento que notificaba amenazas a Roberto Samcam, informe de OIJ dice lo contrario
El caso genera preocupación en torno a la coordinación institucional y la protección de exiliados políticos en Costa Rica.
Una contradicción entre declaraciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) salió a la luz en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
El pasado 2 de octubre, funcionarios de la DIS aseguraron bajo juramento que notificaron al OIJ sobre amenazas de muerte contra el exiliado nicaragüense Roberto Samcam. Entre ellos, Edgar Arias Cabezas, jefe de Contrainteligencia desde agosto de 2024, y Wilbert Villegas, jefe de Operaciones.
Sin embargo, la ampliación del informe del OIJ, fechada el 6 de marzo de 2026, señala lo contrario:
“La información documentada mediante la aplicación de mensajería WhatsApp entre el ofendido Roberto Samcam y el oficial de enlace con exiliados, en la que se mencionaba a un sujeto sospechoso, no fue comunicada, además las alertas y comunicaciones entre la D.I.S y el ofendido descritas en el documento en el cual ponían en conocimiento al ofendido de posibles ataques contra su vida, no fueron puestos en conocimiento al Organismo de Investigación Judicial”.
El expediente también contradice la versión de la DIS sobre una supuesta hoja de recomendaciones para exiliados. Según entrevistas realizadas por investigadores, Samcam habría recibido instrucciones de no informar al OIJ debido a la presencia de presuntos infiltrados.
Un informante relató:
“Roberto le presentó a un oficial de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica, de nombre ‘Wilber’, con quien mantuvo relación estrecha. Roberto se dedicó hasta el día de su muerte en obtener información de la parte interna de Nicaragua, policía, ejército y paramilitares y transmitía dicha información a las D.I.S por medio de ‘Wilber’. Había sido instruido por parte de la D.I.S de no informar al O.I.J la información, ya que según ellos había infiltrados”.
El caso genera preocupación en torno a la coordinación institucional y la protección de exiliados políticos en Costa Rica.
