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Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ve con buenos ojos el proyecto de ley 21.624, que pretende establecer regulaciones fuertes para el uso de mecanismos electrónicos alternativos como brazaletes electrónicos en el cumplimiento de condenas. 

Este expediente fue presentado, en el 2019, por la diputada Floria Segreda del Partido Restauración Nacional y está listo para iniciar discusión en la Asamblea Legislativa. 

“La voluntad legislativa del proyecto es positiva en cuanto pretende implementar mejoras en los sistemas de localización georeferencial de las personas vinculadas en un proceso penal, lo que a la postre podría traer beneficios en la aplicación de este moderno instituto”, señaló Espinoza.

El proyecto describe, entre otros aspectos, que los brazaletes de monitoreo electrónico no representan ningún peligro a la integridad física y mental de sus usuarios.  

Además, señala que los avances tecnológicos han contribuido a transformar el brazalete electrónico en un instrumento moderno similar a un reloj, en este sentido, la dignidad de los usuarios no se verá menoscabada.

“Desde hace mucho tiempo he insistido en la necesidad de mejorar el programa de tobilleras electrónicas del Ministerio de Justicia, ya que casi todo es cuestionable, las licitaciones, los concesionarios, los equipos, la tecnología y sobre todo la forma en la que este beneficio se otorga a los privados de libertad”, comentó la diputada Segreda.

La legisladora también indicó que, ante el visto bueno por parte del director del OIJ, ahora lo que espera es que el proyecto avance y pronto pueda ser dictaminado en comisión.

“El desastre que hemos tenido con las tobilleras electrónicas en los últimos años espero pueda ser corregido con este proyecto de ley, por el bienestar y la seguridad todos los costarricenses”, agregó Segreda.

La legisladora pretende que se tomen buenas decisiones en la corriente legislativa para que este proyecto llegue a regular de forma adecuada e integral el programa del Ministerio de Justicia.

Este proyecto de ley destaca que "el uso de brazaletes electrónicos debe ser priorizado como medida alternativa a la prisión preventiva".

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