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La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, afirmó que las debilidades señaladas por la Contraloría General de la República en el monitoreo de las tobilleras electrónicas responden a una serie de cambios tecnológicos que se han implementado en el sistema.

“Desde el año 2017, cuando se implementó este sistema de monitoreo, ha pasado por una serie de cambios tecnológicos en cuanto a software y hardware. Esto es algo reciente que hay en el país y ha experimentado modificaciones sustantivas en muy corto tiempo”, dijo Salazar.

Este jueves, la jerarca rindió cuentas ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por irregularidades y debilidades que presenta el sistema de monitoreo electrónico de privados de libertad.

La Contraloría General de la República reveló, tras una auditoría, que del 13 de mayo al 20 de octubre del año pasado Justicia tuvo 907.956 alertas abiertas, correspondientes a 1.485 personas monitoreadas, y no se realizó gestión alguna.

Sin embargo, Salazar indicó que muchas de estas alertas abiertas sí fueron atendidas, pero no se cerraron en el sistema.

“La auditoría lo que nos indica es que debemos de hacer una mejora en los procesos, en el control de los privados de libertad y en temas de documentación y registros, por lo que nos puso plazos de cumplimiento para el primer y segundo semestre del año. Le manifestamos a la Contraloría que nos hiciera otra auditoría para el segundo semestre de este año para comprobar que las cosas que hemos venido mejorando las estamos alcanzando tal cual ellos lo están mirando”, comentó Salazar.  

La ministra concluyó que el monitoreo electrónico es reciente y ha experimentado modificaciones en muy corto tiempo. 

La responsable de la cartera pretende que una modalidad de ejecución de la pena como el monitoreo electrónico siga consolidándose en Costa Rica. 

“A poco más de seis años de entrada en vigor de la Ley (9271) del mecanismo electrónico de seguimiento en materia penal, el país cuenta con una alternativa distinta a la prisionalización y más acorde a la progresividad de los derechos humanos y desarrollo tecnológico de nuestro tiempo; reducción del hacinamiento carcelario y disminución del erario público”, agregó.

Licitación para un nuevo contrato de monitoreo

El próximo 27 de febrero vence el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), encargada de brindarle a Justicia la plataforma tecnológica para poder realizar el monitoreo electrónico de personas privadas de libertad.

La ministra Salazar le pide a la Contraloría una extensión del contrato, la cual sería por dos años (o hasta diciembre de 2021), para poder finalizar el cartel de licitación que podría ser adjudicado a empresas nacionales e internacionales.

“El Ministerio envió, el año pasado, una solicitud a la Contraloría General donde le señaló que sería irresponsable lanzar un proceso de licitación para la contratación de un servicio en plena modificación de este, sin contemplar los resultados inmediatos y lo que pueda resultar de él”.

“No podíamos desaprovechar la oportunidad de que la licitación que está por lanzarse fuera ciega y no pueda alimentarse de las lecciones aprendidas de la implementación de la mejora tecnológica y de los nuevos procesos en la Unidad de Monitoreo. El nuevo cartel debía recopilar ese aprendizaje que se estaba experimentado y cambios durante el 2020. Por eso la extensión de contrato”, comentó Fiorella Salazar.

Según Salazar, sí existe un marco de legalidad que le da sustento para extender el contrato actual.

Esta licitación, para un nuevo contrato y proveedor, se estaría publicando como  máximo el 26 de febrero de 2020 y las ofertas se recibirían hasta el 23 de abril.

La adjudicación del contrato se realizaría el 30 de julio de 2020, los recursos de apelación serían para el 13 de agosto y la resolución de las apelaciones se daría el 15 de octubre. Además, la formalización del contrato y establecimiento de garantías sería al 19 de noviembre, mientras que el refrendo interno de contrato quedaría para el 10 de diciembre y notificación de este para el 14 de diciembre.

“Pensamos que esta extensión de plazo al contrato actual da el suficiente tiempo para este proceso que se está planificado”, asegura Salazar.

Por su parte, la diputada Floria Segreda considera que “el programa sigue deficiente y nada justifica renovar con una empresa que ha sido cuestionada e investigada penalmente como ESPH, por lo que no puede ni debe continuar con esto”.

Mientras que la diputada Carolina Hidalgo discurre y afirma que si de 1.800 personas que son monitoreadas con este sistema solo tres de ellas quedan fuera del rango de monitoreo “no se puede decir que el programa no sea exitoso”.

Si se vence el contrato con ESPH, el Ministerio de Justicia tendría que sentarse con los jueces de la ejecución de la pena para decidir qué va a pasar con los privados de libertad que usan tobilleras, ya que ellos son los únicos que deciden qué pasa.

“La Contraloría lo que nos pide es certificación del presupuesto y que le ampliemos la fundamentación técnica y jurídica de por qué creemos que es imprescindible esta situación que está pasando. Mañana viernes le responderemos a la Contraloría porque es el tiempo límite para hacerlo”, puntualizó la ministra.  

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico la integran los diputados Carolina Hidalgo, Gustavo Viales, Floria Segreda, Enrique Sánchez, Ignacio Alpízar y Harllan Hoepelman.