Por Luis Jiménez |17 de marzo de 2021, 17:15 PM

La Contraloría General de la República resolvió las objeciones de once empresas interesadas en brindar el servicio de monitoreo a privados de libertad.

“Se declaran parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos por las empresas Geotecnologías S.A., Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., Soin Soluciones Integrales S.A., Asesores I.S.E. de Costa Rica S.A., Sáenz Fallas S.A., Buddi Limited, Grupo Visión Tecnologías de Costa Rica S.A., Grupo Computación Modular Avanzada S.A., SPC Telecentinel S.A., Enersys MVA S.A. y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., en contra del cartel de la licitación pública internacional No. 2021LI-000001-0006900001, promovida por el Ministerio de Justicia y Paz”, señaló la Contraloría.

El ente contralor declaró parcialmente con lugar los siguientes alegatos contra el cartel de licitación: el peso de las tobilleras, la cédula jurídica a empresas extranjeras, la homologación de equipos y descuento en el monto de la operación.

La Contraloría afirma que se identificaron aspectos que el Ministerio de Justicia tendrá que justificar con el respaldo necesario y, de requerirse, deberá corregir el cartel luego de ese análisis, o bien, la administración acepta modificar el cartel.

Entre el 1° y 2 de marzo, las empresas presentaron ante la Contraloría los recursos de objeción en contra del cartel.

“Vale considerar que el recurso de objeción, si bien se constituye en herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o condiciones como empresa. Todo lo contrario, son los potenciales oferentes quienes deben ajustarse a lo estipulado en el pliego al constituir este lo que en principio requiere adquirir la administración”, indicó la Contraloría.

Teletica.com le consultó a Justicia sobre esta medida y la oficina de prensa señaló que durante la tarde de este miércoles se recibió el documento y está en análisis.

El pasado sábado 27 de febrero se venció el contrato de monitoreo de tobilleras con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), pero de acuerdo con el numeral 209 de la Ley de Contratación Administrativa, fue renovado con esta misma entidad por 24 meses máximo, o hasta su adjudicación, la cual podría ser antes de este tiempo.  

En su momento, la Contraloría confirmó que el uso del artículo 209 no se tramita ni requiere autorización de su parte y queda bajo entera responsabilidad del Ministerio de Justicia.

En Costa Rica, el uso de tobilleras en reos es un mecanismo electrónico alternativo al cumplimiento de la privación de libertad.

1.800 reos son monitoreados electrónicamente en el país.