Cementazo: Fiscalía acusa a Bolaños, a exdiputado y a dos personas más
En la acusación también figuran el exviceministro de Ingresos y el exdirector de Aduanas por presunto tráfico de influencias en el desalmacenaje del cemento chino.
La Fiscalía acusó al empresario Juan Carlos Bolaños, al exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, y a dos exfuncionarios públicos más por el caso del cemento chino.
Las otras personas que figuran en la acusación son Benito Coghi Morales, exdirector general de Aduanas, y Fernando Rodríguez Garro, exviceministro de Ingresos.
El Ministerio Público les achaca los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado e influencia sobre la hacienda pública.
"Tras la investigación del expediente 17-000032-621-PE, se contó con la evidencia necesaria para acusar la presunta influencia ejercida por parte del exviceministro y del exdiputado sobre Coghi, entre julio y setiembre de 2016, para lograr el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento hidráulico embarcadas abordo del barco Aquiles Bukle, proveniente de China", informó la Fiscalía en un comunicado.
"Además, se acusaron supuestas acciones y órdenes irregulares emitidas por parte del exdirector general de Aduanas para lograr este fin, en apariencia, para el beneficio Bolaños", agrega el documento.
Solicitud de juicio
Agentes judiciales detuvieron al empresario Juan Carlos Bolaños el 3 de noviembre de 2017.
Tres años y ocho meses después, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentará ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública la solicitud de apertura de juicio.
Esa instancia analizó la acusación debido a que tres de las personas señaladas fueron funcionarias públicas al momento en que ocurrieron los hechos.
La acusación también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, ente que "se apersonó al proceso como actor civil, con lo que pretenderá buscar un resarcimiento al Estado por los daños y perjuicios ocasionados por los delitos".
Ahora el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública tendrá que fijar la fecha de la audiencia preliminar, donde se decidirá si se ordena o no un juicio oral y público.