Caso “La Trocha”: Juicio queda en pausa tras suspensión de dos jueces

El Tribunal Penal suspendió a dos de los cuatro jueces que impartirían justicia en el caso de “La Trocha Fronteriza”, con el objetivo principal de garantizar la imparcialidad del debate.

Este juicio, el cual ha esperado once años para su realización, inició este lunes; sin embargo, el abogado de dos de los imputados, Mauricio Paniagua, solicitó el cambio de dos de los jueces del Tribunal.

Se trata de Franz Paniagua y Alfredo Arias, quienes figuran como imputados en un juicio que se sigue por el presunto delito de prevaricato. 

En ese mismo caso, Mauricio Paniagua fue su defensor por algún tiempo, pero luego dejó de trabajar con ellos; por esta razón, y bajo el principio de imparcialidad, consideró poco ético que lideren el desarrollo del juicio.

“A la luz de los objetivos de parcialidad, admitimos la recusación planteada este lunes al inicio del juicio. La resolución del Tribunal Penal es la separación de los dos jueces de esta causa por dicho principio”, dijo el Tribunal.

Por el momento, se desconoce cuándo reiniciaría el juicio, pero se cree sería hasta dentro de unos meses. ​

Trocha fronteriza

El hecho, que ahora se desarrollará en los estrados judiciales, se remonta a mayo de 2012, por supuestos actos de corrupción en la construcción de la llamada 'Trocha fronteriza' o Ruta 1856, durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).

El Ministerio Público acusó a 26 personas por los delitos de peculado, cohecho propio y enriquecimiento ilícito, además de encubrimiento de bienes y legitimación de capitales. Entre ellos, exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), encargados del proyecto y empresarios contratados para la obra.

Sin embargo, 13 de los empresarios investigados se sometieron a medidas alternas como resarcir el daño económico, trabajo comunal, arreglar escuelas y otras labores de orden social.

​Entre los acusados sobresale Carlos Acosta Monge, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); Manuel Serrano Alvarado, quien fue el encargado del proyecto de la Trocha; y Miguel Ramírez Marín, ingeniero supervisor de la obra.

Además de los exfuncionarios, figuran como imputadas varias personas que simularon ser inspectores de Conavi, empresarios y algunas esposas de los imputados.

Según la acusación del Ministerio Público, se investigan los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, influencia contra la hacienda pública, legitimación de capitales, entre otros. El perjuicio económico se estima en más de ₡1.200 millones.