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La Fiscalía solicitará, este martes, medidas cautelares contra los seis alcaldes detenidos como sospechosos de cometer presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación y construcción de obra pública cantonal. 

La audiencia de solicitud de medidas cautelares contra los alcaldes y siete personas más iniciará a partir de las 10:30 a.m. en el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.

Los imputados por el caso conocido como Diamante son los alcaldes de San José, San Carlos, Cartago, Alajuela, Osa y Escazú.

Además de un funcionario de la municipalidad de Escazú, uno de la municipalidad de Alajuela, así como dos trabajadores de la municipalidad de Golfito y uno más de la municipalidad de San José.

También están bajo arresto y a la espera de medidas cautelares un trabajador de la empresa MECO y otro de Explotec.

“De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, se investiga una organización que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública. Se indagan al menos 15 proyectos en las ocho municipalidades investigadas: San José, San Carlos, Cartago, Osa, Golfito, Alajuela, Escazú y Siquirres”, dijo el Ministerio Público.

Al parecer, los funcionarios públicos, que eran quienes controlaban las licitaciones, favorecían a las empresas con la adjudicación de contratos, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.

Estas personas habrían recibido dinero en efectivo a cambio, construcciones en sus viviendas y hasta vehículos.

Todos los imputados son sospechosos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor. 

La Fiscalía informó que dará a conocer el tipo de medida cautelar que se solicitará contra cada investigado hasta que finalice la audiencia.

“Don Johnny rechazó los cargos, pero de una manera muy general, necesitamos revisar con detalle el expediente para poder conformar una adecuada defensa”, comentó Federico Campos, uno de los abogados del alcalde Johnny Araya.

Francisco Dall'Anese, abogado del alcalde de San Carlos, dice que él esta bien pero preocupado por lo que pasa con todo esto.

Para Jorge Lobo, las licitaciones por las que se le acusan al alcalde de Alajuela ya habían sido aprobados por el Concejo municipal y la Contraloría.

“La acusación versa sobre licitaciones antecedentes a él, pero se ejecutan durante su periodo. Ya se aportó toda la prueba idónea para demostrar que lo que se hizo fue ejecutar lo que ya estaba aprobado”, comentó Jorge Lobo, defensor del alcalde de Alajuela.

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