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La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó, este jueves, que solicitará prisión preventiva contra cuatro funcionarios públicos que trabajan para Acueductos y Alcantarillados (AyA), y contra nueve personas más por el caso conocido como “Azteca”.​

El miércoles por la tarde se dio inicio a la audiencia de solicitud de medidas cautelares, que continuará a lo largo de este jueves contra los 25 investigados. Los sospechosos fueron detenidos el pasado martes, luego de 37 allanamientos realizados por agentes judiciales para desarticular a la aparente organización criminal.

La audiencia se está realizando en el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.  

“De los 25 imputados, el órgano fiscal confirmó que requerirá prisión preventiva en contra de 13 personas y otro tipo de medidas cautelares en contra de 12. Esto obedece a una valoración individual de los peligros y arraigos procesales con los que cuenta cada persona, así como de los delitos atribuidos”, dijo el Ministerio Público.

Los imputados, a quienes se les solicitó prisión preventiva, están bajo arresto a la espera de la resolución del juzgado, mientras que los otros investigados fueron puestos en libertad la noche del martes, pero deberán presentarse a la audiencia durante los días que continúe.

Tras el operativo, se detuvo a un total de 26 personas, pero una de estas, de 83 años, quedó en libertad luego de que las autoridades le tomaran los datos de identificación. Sin embargo, continuará apegada al proceso.

Los sospechosos, al parecer, creaban empresas dedicadas a la construcción con sociedades bien conformadas. Presuntamente, estas empresas participaban en concursos de obras públicas del AyA, los cuales ganaban con la aparente ayuda de funcionarios de dicha institución. El objetivo de estos, de acuerdo con el expediente, era legitimar capitales provenientes del narcotráfico. 

El OIJ asegura que la organización habría contado con ayuda de un trabajador de un banco estatal, quien presuntamente les asesoraba en la manera en que podían realizar créditos bancarios para ocultar la forma en que el grupo legitimaba el dinero y la obtención de moneda extranjera sin generar alerta ante el sistema bancario.

Esta supuesta organización criminal habría movido unos 1.370 millones de colones entre licitaciones y bienes e inmuebles. Mezclaban capital ilícito con dinero del Estado.

El objetivo principal era obtener altas cantidades de dinero en efectivo para colocarlo en el sistema financiero y bancarizarlo para darle visos absolutos de legalidad. Como los fondos que recibían eran del propio Estado, su origen estaba justificado.

El principal cabecilla de la supuesta organización es un colombiano de apellido Camelo de 79 años, quien fue capturado en una propiedad en Jesús María, Esparza.

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