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El informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dice que en el pasado el supuesto grupo narco investigado por el caso conocido como Azteca, ayudó a un político a ganar un puesto de elección popular.

Según el documento, los miembros de la supuesta organización criminal investigada realizaron acciones de incursión dentro de la política en el 2020 y en ese momento impulsaron a una persona, aunque no se pudo determinar con claridad de quien se trató.

Las únicas elecciones realizadas en febrero del 2020 fueron las municipales, cuando se eligieron alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes.

¿Qué dice el informe?

“De manera tal apoyaban a un candidato de elección popular para un puesto político que no se específica. El grupo criminal en este caso por medio de Hébert López había sostenido conversaciones con un sujeto que alcanzó un puesto político y al cual Hébert le había depositado ciento veinticinco, bajo el entendido que dicho sujeto les había solicitado a Hébert y a Héctor Camelo que le depositaran recurso ya que se encontraban en la recta final de la campaña electoral de 2020”, cita el documento del cual Teletica.com tiene copia.

El informe señala además que después de las elecciones Hérbert López intentó sacar una cita para contactar al ya funcionario, sin embargo, el documento señala que no se pudo identificar de quien se trataba.

López, es uno de los colombianos detenidos por las autoridades, el cual representanta a una sociedad anónima que ganó licitaciones en Acueductos y Alcantarillados (AyA). Por otro lado, Héctor Camelo es considerado por las autoridades judiciales como el cabecilla de la supuesta organización criminal, la cual fue desarticulada el pasado martes 9 de noviembre tras 37 allanamientos realizados en diferentes partes del país.

La policía investiga si la organización habría creado sociedades anónimas, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos para legitimar dinero por medio del Estado. 

Para ello, y según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se cree que funcionarios del AyA facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos. A cambio, al parecer, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago. 

En apariencia, desde el 2019 lograron la adjudicación de al menos 16 contrataciones administrativas. 

Por este caso 26 personas fueron detenidas; contra 12 de estas la Fiscalía pidió prisión preventiva mientras que contra las restantes se solicitaron otro tipo de medidas cautelares.

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