Cártel del Caribe Sur: el golpe histórico que reveló una nueva era del narcotráfico
La Operación Traición expuso el alcance inédito de una organización criminal con poder armado, control territorial y vínculos internacionales que operó durante años en Costa Rica.
El 2025 quedó marcado como un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica, tras la desarticulación del denominado Cártel del Caribe Sur, una estructura criminal transnacional cuya operación y alcances revelaron una dimensión inédita del narcotráfico en el país.
La madrugada del martes 4 de noviembre de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó 64 allanamientos simultáneos como parte de la denominada “Operación Traición”, considerada el mayor operativo policial en la historia criminal costarricense.
La acción permitió desmantelar al Cártel del Caribe Sur, una organización liderada por los hermanos Luis Manuel y Jordie Picado Grijalba, conocidos como alias “Shock” y alias “Noni”. Ambos permanecen detenidos —uno en el Reino Unido y el otro en Costa Rica— y enfrentan procesos de extradición hacia Estados Unidos.
Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, el grupo reunía todas las características propias de un cártel transnacional: contaba con un brazo armado, una estructura financiera definida, logística marítima y terrestre, asesoría jurídica, una red tecnológica y mecanismos de legitimación de capitales.
Origen de la investigación: el quiebre en Limón
La investigación se inició en 2022 y fue bautizada como “Operación Traición” tras el octuple homicidio ocurrido en Dondonia de Limón, hecho que marcó un punto de quiebre entre facciones del narcotráfico local y permitió a las autoridades identificar con mayor claridad la estructura encabezada por “Noni” y “Shock”. A partir de ese momento, se profundizó el seguimiento de las operaciones del grupo, tanto a nivel nacional como internacional.
El despliegue policial involucró a cerca de 1.200 oficiales del OIJ, la Fiscalía, la Fuerza Pública y diversas unidades tácticas, quienes actuaron de forma simultánea en Limón, San José, Alajuela, Cartago, Puntarenas e Isla Chira.
Durante el desarrollo del caso, el OIJ y la Fiscalía vincularon a esta organización con más de 140 allanamientos y alrededor de 100 detenciones efectuadas en distintas etapas de la investigación.
Las autoridades judiciales atribuyen al cártel el decomiso acumulado de 13,7 toneladas de droga, entre marihuana y cocaína, así como la incautación de 68 armas de fuego, incluidas armas largas tipo AR-15 y pistolas automáticas. Además, se estimó que los bienes asociados a la estructura —entre vehículos de lujo, propiedades y cuentas bancarias— alcanzan un valor cercano a los ₡2.000 millones de colones.
Entre los inmuebles allanados figuran torres y condominios de alto perfil ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), como la Torre Metropolitana de La Sabana, Source Living en Guachipelín, Condado Baviera y Hacienda Viñeda, entre otros. Estos hallazgos reforzaron la línea de investigación relacionada con la legitimación de capitales y el uso de bienes de alto valor para ocultar ganancias ilícitas.
El brazo armado del Cártel del Caribe Sur estaba bajo el mando de Tony Peña Russell, a quien las autoridades señalan como responsable de al menos 78 homicidios y de la creación de “escuelas de sicariato” en Limón. El subdirector del OIJ comparó su rol con el de “Los Zetas”, el brazo armado del Cártel del Golfo en México, debido al nivel de violencia y organización atribuido a esta facción.
Según las pesquisas, el cártel operaba como proveedor nacional de cocaína y marihuana, vendiendo cargamentos a otros grupos narcotraficantes en la capital, las costas y zonas rurales del país. Además, mantenía rutas internacionales hacia Estados Unidos y Europa, utilizando tanto el litoral Pacífico como el Caribe costarricense para recibir cargamentos procedentes de Colombia y luego redistribuirlos.
Uno de los elementos destacados por las autoridades fue el control que la organización ejercía sobre la entrada de marihuana colombiana de alta calidad, la cual, de acuerdo con el OIJ, se convirtió en el producto de mayor consumo en el mercado local.
La logística marítima incluía el uso de embarcaciones y motores fuera de borda, varios de los cuales fueron incautados durante los allanamientos.
La investigación contó con el apoyo y el intercambio de información de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), así como de cuerpos policiales de Colombia, Panamá, España, Reino Unido y Francia.
El fiscal general, Carlo Díaz, destacó que el caso evidenció la capacidad del país para investigar y procesar estructuras criminales de alto nivel, con el objetivo de desarticularlas y confiscar sus bienes.
Durante el operativo principal se confirmó la detención de 29 personas vinculadas al cártel, de las cuales 24 eran hombres y cinco mujeres.
En los allanamientos se decomisaron grandes cantidades de dinero en efectivo, armas de fuego, motores de lancha, vehículos y ganado. Entre los bienes incautados se contabilizan seis lanchas, 17 motores, 22 vehículos, dos camiones, una motocicleta de alta gama, 173 joyas, 60 cabezas de ganado y dos ponis.
En efectivo, las autoridades decomisaron ¢207,83 millones de colones, $37.539 dólares, €365 euros y 57.000 pesos colombianos, además de otros ¢200 millones de colones que fueron congelados en cuentas bancarias. Desde el inicio de la investigación en 2022, el total de armas decomisadas al grupo asciende a 82, entre fusiles tipo AR-15 y pistolas.
Las autoridades también señalaron que ni la detención de Luis Manuel Picado en el Reino Unido ni el encarcelamiento de Jordie Picado en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (cárcel La Reforma) impidieron que ambos mantuvieran comunicación con la organización. Según el OIJ, desde prisión habrían continuado ejerciendo liderazgo sobre la estructura criminal que controlaba gran parte del ingreso de droga proveniente de Colombia hacia Costa Rica.
El vínculo de Celso Gamboa con la estructura criminal
En el desarrollo del caso surgió además el nombre del abogado y exmagistrado Celso Gamboa, quien, según información compartida por la DEA, figuraba en una “segunda o tercera línea” del Cártel del Caribe Sur.
El director interino del OIJ explicó que se logró establecer un vínculo entre Gamboa y la estructura criminal, en relación con la participación de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, a quien se señala como un enlace dentro del grupo.
Tras el operativo, el Juzgado Penal de Delincuencia Organizada impuso un año de prisión preventiva contra los sospechosos investigados en el "Caso Traición". Posteriormente, el lunes 15 de diciembre, el Tribunal Penal de Pavas autorizó la extradición de Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, a Estados Unidos. El imputado había sido detenido el 28 de agosto en Curridabat, durante un operativo solicitado por la DEA.
Estados Unidos requiere a Picado por los delitos de asociación delictuosa para la fabricación y distribución de cocaína, así como por la fabricación y distribución de esa droga con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a territorio estadounidense, según consta en la resolución judicial.
La DEA felicitó públicamente a Costa Rica por el desarrollo de la Operación Traición, destacando los 64 allanamientos, las 29 detenciones y la incautación de drogas, armas y bienes. La agencia subrayó que el caso es un reflejo de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
Finalmente, el OIJ advirtió que el Cártel del Caribe Sur no surgió de manera repentina, sino como resultado de un proceso de al menos cuatro años, en el que distintos grupos criminales aprovecharon vacíos de poder dejados por otros cabecillas detenidos o asesinados.
Las autoridades mantienen bajo vigilancia a varias figuras criminales que podrían intentar ocupar el espacio dejado por esta estructura, ante el reconocimiento de que la caída del cártel podría generar disputas por el control territorial, especialmente en el Caribe costarricense.
