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El cuerpo policial de la cárcel de mujeres, así como demás funcionarios, se manifestaron este lunes porque, según dicen, no pueden comunicarse con familiares debido al bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios.​

Según indican, demandan respeto a su derecho a la comunicación integral y a la vez afirman que no se oponen al bloqueo de señal sino más bien exigen a la Ministra de Justicia cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la comunicación.

“Esta ley del bloqueo celular es importante para evitar que haya estafas desde los centros penales, sin embargo, las condiciones que hay en los centros provoca que los trabajadores queden incomunicados”, dijo Susan Quirós, secretaria general del sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

En el sistema penitenciario hay trabajadores como cuerpo policial, cocina, choferes, entre otros, que tienen jornada especial de siete días de trabajo y siete libres por lo que tienen que mantenerse ahí y no pueden salir.

La secretaria general de la UTN considera que ellos son los más afectados porque si no tienen teléfono celular no se pueden comunicar con sus seres queridos.

“Los trabajadores de la cárcel de mujeres (CAI Vilma Curling) son los que tienen mayores problemas porque las personas que trabajan ahí son mujeres y muchas madres de familia requieren saber cómo están sus hijos y en ocasiones deben de ayudarlos con sus tareas de escuela”.

“No protestamos contra el bloqueo de la señal sino más bien exigimos que la Ministra cumpla con su obligación para que ellas en su semana de trabajo, después de que cumplen su jornada, puedan tener acceso para llamar a sus familiares. Le solicitamos intervención al Ministro de Trabajo para poder conversar y buscarle una solución al tema, pero estamos esperando una respuesta por parte del Viceministro”, comentó Quirós.

Según señala, en la cárcel de mujeres se instalaron tres teléfonos, pero no da abasto para las más de 150 personas que trabajan ahí.

Teletica.com consultó sobre el tema con la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz y esta fue su respuesta:

“El marco normativo de la Ley 9597 no asigna competencias técnicas al Ministerio de Justicia y Paz para la implementación de la solución tecnológica de bloqueo de la señal celular.

La normativa establece que los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones:

Adoptar y aplicar los procedimientos y las soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros”.

Declaraciones Fiorella Salazar, ministra de Justicia: