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El alcalde de Cartago, Mario Redondo, uno de los investigados en el caso Diamante, dijo que él no prometió contratos a la empresa constructora MECO (ver video adjunto).

Estas declaraciones las brindó, este miércoles, luego de salir de las celdas del II Circuito Judicial, en Goicoechea, donde estuvo aprehendido desde el lunes.

"La Fiscalía dio su hipótesis, nosotros vamos a tener oportunidad de responderla con amplitud", expresó Redondo.

"¿Le prometió contratos a MECO?", le consultó el periodista de Telenoticias, Álvaro Sánchez. "No señor, vamos a demostrar, claramente, que no hubo ningún... (se sube a un vehículo)", respondió.

El día de la detención, el exdiputado apuntó a su inocencia y dijo "voy a explicar que yo no he hecho nada".

Señalamientos

El informe policial del caso Diamante plantea que Mario Redondo, antes de ocupar la silla de alcalde, ya conversaba con un funcionario de MECO para "descarrillar" a funcionarios municipales y lograr así licitaciones en beneficio de la empresa.

“Mario Redondo, en una conversación con Abel González, gerente de la empresa MECO, le mencionó que a algunas personas de proveeduría les daba miedo tomar ciertas acciones y que él iba a tratar de descarrilar la situación apenas se pueda. Además, González le ofreció a Redondo cualquier tipo de colaboración para lo que requiera”, señala el informe.

La investigación judicial también indica que Redondo le dijo al gerente de MECO que, cuando entrara como alcalde, iba a cambiar al proveedor.

“Utilizando la superioridad de su puesto para evitar que el cartel pasara, Redondo conversó con los personeros encargados de las enmiendas y les solicitó que el cartel saliera hasta dentro de dos semanas, momento en el cual Mario Redondo tomara su puesto como alcalde”, agrega el documento de OIJ.

La Fiscalía solicitó contra este y otros cinco alcaldes las siguientes medidas cautelares: suspensión del cargo por ocho meses, impedimento de salida del país, firmar ante el despacho y no comunicarse con testigos.

En el caso Diamante, las autoridades investigan los aparentes delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y penalidad del corruptor en perjuicio de los deberes de la función pública.