Por Jason Ureña 12 de agosto de 2026, 20:00 PM

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incluyó a una empresa, cuya oferta había sido rechazada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el contrato para la comunicación del EDUS en los hospitales. 

En setiembre de 2017, el Seguro Social analizó las ofertas de las compañías y concluyó que la del ICE era la que se ajustaba a las condiciones económicas, dejando por fuera a las otras empresas. El 15 de diciembre, ambas instituciones firmaron el contrato bajo la figura de proceso excepcional de contratación directa (ver video adjunto).

Sin embargo, ese mismo día, el ICE firmó una asociación empresarial con una de las compañías que había participado en la contratación de la Caja. Según el convenio, la empresa se encargaría de "proveer el servicio administrado de comunicación de datos". 

La Contraloría General de la República (CGR) analizó la participación de terceros en las contrataciones del ICE con entidades públicas, entre esas, la que mantiene en desarrollo con la CCSS por el EDUS. 

"La excepción legal para contratar bienes y servicios de forma directa entre sujetos de la misma naturaleza, se refiere estrictamente a 'entidades públicas'; sin que exista norma jurídica que habilite a una empresa pública a presentarse en este régimen de excepción junto a un sujeto privado", señaló el ente auditor. 

La CGR ordenó al ICE, frenar esas alianzas con privados, para contrataciones entre entidades estatales. El Instituto presentó un recurso de revocatoria y apelación contra el criterio del contralor, al asegurar que se trata de una mal interpretación de la ley. 

"No se ha evidenciado irregularidad o indicio de corrupción. Es simplemente un cambio en la interpretación de la Contratación, a la ley especial que tiene el ICE de contratación", dijo Marco Acuña, presidente del ICE. 

Acuña afirmó que el ICE tiene 20 años de usar esa figura, y agregó que -tras la orden de la Contraloría- hay servicios en riesgo, como el EDUS del Seguro Social. 

La presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, ordenó a los equipos gerenciales, analizar el criterio de la CGR y emitir un informe para ser analizado en la Junta Directiva de la institución.