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La Fiscalía acusó a la alcaldesa de Santa Cruz, Guanacaste, por los delitos de enriquecimiento ilícito y legislación en provecho propio.

Estos hechos los dimos a conocer a inicios del 2017 en Telenoticias y ahora la Fiscalía concluye la investigación con una acusación en contra de la alcaldesa y un exalcalde.

En la ley anticorrupción, artículo 14, se indica claramente un listado amplio de funcionarios que no pueden ejercer su profesión liberal, con el objeto de evitar conflictos de interés y que estén a tiempo completo en la función pública, por ello, en el artículo 15 se les retribuye con un 65 por ciento más del salario base a manera de compensación.

Pero para ello deben cumplir 3 requisitos: ser funcionario público, ser profesional liberal y estar incorporado a un colegio en los casos que la profesión lo exija.

María Rosa López en el anterior periodo fue vicealcaldesa y se le estuvo pagando por cuatro años un 65 por ciento más de salario por concepto de prohibición, de esta forma la vicealcaldesa se redondeó un salario aproximado a los 3.800.000 por mes.

Pero María Rosa López, quien actualmente es alcaldesa de Santa Cruz, es educadora pensionada y según los pronunciamientos de la Procuraduría, la docencia no es catalogada como una profesión liberal. En términos claros no cumplía los requisitos para pagarle un 65% más de salario. En el periodo anterior.

Estas y otras observaciones constan en un informe de la auditoría interna y en otros dictámenes del departamento legal de la municipalidad. Además, en un criterio emitido por la Contraloría; en todos se concluye que no cumple con los requisitos y ella estuvo recibiendo por cuatro años un sobresueldo que, en total, solo por prohibición, equivale a los 83.921.925 colones.

En su oportunidad ella manifestó que ella no fue quien se asignó el monto, sino que fue el alcalde anterior.

Sin embargo, el alcalde anterior manifiesta que quien se encarga de hacer el análisis de los casos con respecto a este tema es recursos humanos

Sin embargo, la Fiscalía también acusó al exalcalde del periodo anterior por un delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, pues, según la Fiscalía, para que López recibiera ese porcentaje extra, el 16 de febrero del 2011, el entonces alcalde Chavarría Cantillo, ordenó la inclusión de la funcionaria como empleada del municipio y el pago por concepto de prohibición.

También se le atribuye a la alcaldesa haber vetado un acuerdo del Concejo Municipal que consistía en contratar un abogado externo para tramitar la anulación de las gestiones administrativas que permitieron el pago.