¿Docentes manos arriba?
Según los docentes, algunos prefieren no corregir a un menor o darle una calificación baja por temor a represalias. ¿Por qué?
La entrada en vigencia de la Ley 9.999 para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense ha creado un temor que amenaza el adecuado desempeño de los docentes y estudiantes en el entorno educativo.
Según las y los profesores, si bien es cierto la comunidad estudiantil está compuesta mayoritariamente por menores con principios y valores; esta Ley ha sido utilizada de mala fe por algunos cuantos, quienes denuncian a un funcionario público en busca de beneficios particulares.
La Ley establece que el docente o funcionario educativo que sea denunciado por maltrato físico, emocional, abuso sexual, o trato corruptor, será removido de sus funciones habituales de manera inmediata, hacia tareas administrativas, mientras finaliza la investigación y se toma un veredicto.
Los docentes señalan que esta Ley ha venido a perjudicar el convivio a lo interno debido a que, hoy en día, algunos profesionales prefieren no corregir a un menor o darle una calificación baja por temor a represalias.
Por otra parte, buscar alternativas al problema de las denuncias dentro de los centros educativos no es tarea sencilla, porque tampoco se puede dejar de prestarle atención a cada denuncia que se haga; el menor es una persona vulnerable y sus derechos están blindados dentro de las regulaciones costarricenses.
En este reportaje mostramos cuáles son los puntos que han creado temor en los profesionales y qué dicen las diferentes representaciones acerca de una posible alternativa equilibrada para todas las partes.
