6 de enero de 2022, 12:20 PM

La viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, María Alexandra Ulate, rompió en llanto esta mañana en defensa del trabajo a conciencia que dijo han realizado miles de docentes y funcionarios en medio de la pandemia del COVID-19.

En comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la exdirectora curricular del MEP aseguró que no es justo ni para el sistema ni para los educadores decir que estaban perdiendo el tiempo, que fue parte de las múltiples acusaciones que hoy recibió por parte de los legisladores que investigan la aplicación de los polémicos cuestionarios de contexto.

“No estábamos jugando, el trabajo ha sido muy fuerte señores diputados, entonces no es justo ni para el sistema ni para las personas docentes del país decir que estábamos perdiendo el tiempo, hemos dado la milla extra en la dirección de educación curricular, este error que se cometió nadie lo está encubriendo, pero el trabajo responsable se ha hecho desde el primer día”, dijo entre lágrimas.

El quebrando en el discurso de Ulate llegó precedido de una fuerte descarga de la independiente Shirley Díaz y también de una acusación de Marulin Azofeifa, que le dijo que ella y el MEP cometieron un delito y faltaron a sus funciones al violentar la privacidad de miles de estudiantes.

“El trabajo realmente, de verdad, ha sido a conciencia, no solo de mi persona sino de muchas direcciones que hemos estado atravesando una situación inédita para el país. Yo aquí no estoy diciendo que estoy en contra de las pruebas FARO, en ningún momento, la macroevaluación es fundamental, estamos hablando de que se cometió un error y en eso estamos de acuerdo, que quede claridad que aquí nadie ha incumplido sus funciones, que aquí hemos trabajado para los estudiantes y docentes del país, pero no hemos cometido un delito”, aseguró.

La álgida comparecencia estuvo marcada, nuevamente, por la falta de claridad sobre quién o quiénes redactaron las polémicas preguntas que respondieron más de 70 mil estudiantes en noviembre anterior.

Carlos Ricardo Benavides (PLN), reveló incluso que en 2019 se le practicó a 5.500 estudiantes unas pruebas incluso peores a las de 2021, que ya la Sala Constitucional resolvió violentaron los derechos de niños y jóvenes.

Ulate respondió que ella no tuvo injerencia en esas pruebas y que no las conoció, pues no era su responsabilidad leerlas.

“No tenemos injerencia directa en las pruebas FARO ni en el cuestionario de factores asociados. No tuve a mano mi prueba, ni conocí los ítems ni soy parte de la elaboración de las pruebas ni de los cuestionarios”, dijo la viceministra.

“¿Quién debía enterarse entonces? Porque nadie fue responsable, aquí todo los que han venido ninguno leyó las pruebas, todos le tiran la responsabilidad a don Pablo Mena, pero nadie más leyó nada, eran un secreto esas pruebas, nadie sabe nada y nadie las evaluó”, respondió con molestia Benavides.