Por Juan José Herrera |21 de febrero de 2022, 11:51 AM

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) demandó al presidente Carlos Alvarado y el diputado del PAC, Víctor Morales Mora, el pago de ₡20 millones por el daño social ocasionado a raíz de la creación de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

La entidad aseguró que la solicitud se hace en representación del Estado en su condición de víctima y la querella y acción civil resarcitoria que presentó en el proceso penal que se sigue contra ambos.

“Los hechos que se querellan constituyen, a criterio de la PEP, el delito de prevaricato, por el dictado del Decreto Ejecutivo “Creación de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD)”, el cual con probabilidad se dictó de manera contraria a derecho y fundado en hechos falsos por parte del Presidente y el exministro de la Presidencia referidos; delito previsto y sancionado en el Código Penal”, dijo la Procuraduría.

“El siguiente paso en el proceso, consiste en recabar un peritaje por daño social peticionado por la representación estatal, lo cual se realizará en la Fiscalía General”, añadió.

Por tratarse de dos miembros de los supremos poderes, el proceso se tramita bajo un procedimiento especial el cual requerirá ahora que la Corte Suprema de Justicia autorice la prosecución penal y remita el proceso a la Asamblea Legislativa para que sea esta quien realice el levantamiento del fuero de inmunidad.

“Si se levanta el fuero, el procedimiento seguirá en la Sala de Casación Penal, que es la competente para tomar la declaración a los querellados, conferir audiencia para que las partes ofrezcan prueba y señalar fecha y hora para celebrar el juicio oral y público.

“En caso de que se acabe el período constitucional en el transcurso del procedimiento, el mismo pasa a ser un procedimiento de la vía ordinaria”, precisó la PEP.

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