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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron esta tarde la sexta versión del proyecto del Fondo Nacional de Avales.

La nueva propuesta, que presenta correcciones a problemas que habían hecho insalvable el texto anterior, fue presentada junto a otras 45 mociones que intentarán llevar a buen puerto la iniciativa que desde el año pasado impulsa el Gobierno para ayudar a la reactivación de la economía y el impulso de los negocios afectados por la pandemia del COVID-19.

Los cambios aprobados no son pocos:

En primer lugar, la distribución de los recursos ya no se hará según el tamaño de las empresas sino más bien entre las entidades financieras de acuerdo al saldo de los créditos que mantengan con los sectores más afectados por la pandemia a partir de la información del Banco Central y disposiciones de la SUGEF.

La entidad financiera será la que fije los montos máximos de avales por actividad económica.

La cobertura de cualquier aval podrá ser de hasta el 75% del saldo del principal de cada crédito y la será avalada solamente sobre el principal.

El plazo del Fondo de Avales se elevó a 20 años en lugar de los 10 propuestos anteriormente y el Ministerio de Hacienda deberá trasladar los $270 millones que lo conforman en tres tractos anuales de $90 millones cada uno.

El fideicomiso ya no estará a cargo del BCIE como organismo que otorga el crédito, sino que ahora este rol lo asumirá Banca para el Desarrollo, mientras que la unidad ejecutora será la Unidad Técnica del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme).

Además de ese nuevo texto, los diputados aprobaron otras dos mociones de fondo: una del oficialista Welmer Ramos que obliga a que mientras se mantenga vigente el aval, las empresas beneficiadas deberán enviar un informe anual de la situación de empleabilidad a la entidad financiera.

La otra fue del frenteamplista José María Villalta, que defiende que todas las personas que integren el Consejo Rector del Fondo estarán sujetas a las regulaciones de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Ese Consejo estará compuesto por personal del Ministro de Hacienda, que lo presidirá, el Ministro de Economía y un miembro externo que será nombrado por el Consejo de Gobierno a partir de una terna pública presentada por la UCCAEP.

El texto aprobado continuará en discusión de la Comisión de Asuntos Hacendarios en busca de su dictamen definitivo.