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El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, insistió esta mañana en la urgencia por reformar el Código Electoral para así combatir la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las campañas políticas.

Sobrado aseguró que los bonos de cesión de deuda pública son un mecanismo perverso que promueve la inequidad y eleva la tentación de recurrir a capitales delictivos.

Lo hizo en el marco de la primera sesión de la comisión especial que precisamente investiga el financiamiento electoral en cantones de la Zona Sur del país y los posibles vínculos de estas y otros actores públicos con grupos criminales.

El magistrado explicó a los diputados de ese órgano que desde el año 2000 ha abogado por la eliminación de esos bonos que permiten a los partidos obtener recursos de manera anticipada para financiar sus campañas, y en lugar de esto aplicar una serie de medidas como la implementación de franjas electorales para garantizar la publicidad de todas las agrupaciones y no solo de las más poderosas a nivel económico.

“Los certificados de cesión son de naturaleza perversa, porque no abonan a la transparencia y porque es un factor de inequidad en la competencia electoral y de hecho hemos abogado por su eliminación. En su momento fueron declarados como inconstitucionales pero la Sala opinó diferente”, afirmó.

Añadió, además, que se puede reducir el costo de las campañas mediante la implementación de un transporte gratuito en los diferentes comicios y aumentando también la contribución estatal anticipada para el financiamiento de las necesidades electorales.

Sobrado también rindió cuentas ante los legisladores sobre la cantidad de denuncias que el TSE ha trasladado al Ministerio Público en relación con hechos delictivos de las diferentes agrupaciones políticas o sus partidarios.

El Tribunal respondió que desde 2010 se han remitido 22 informes a la Fiscalía, esto sin contar casos que se trasladan al Instituto Costarricense sobre Drogas, la Dirección General de Tributación, la Contraloría General de la República o la seguridad social.

“Las denuncias contemplan en algunos casos diputados y exdiputados pero relacionados a delitos comunes, no legitimación de capitales”, precisó la entidad.

Desde 2010 a la fecha, el TSE solo ha remitido dos informes por legitimación de capitales.

En boga

Sobrado aseguró que estas reformas que ha propuesto desde hace años toman nuevamente relevancia en medio de los hechos de las últimas semanas.

Precisamente la comisión se creó luego de que saliera a la luz que el diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales, visitó un condominio de un supuesto líder narco que ahora está detenido como parte de una investigación judicial.

El sujeto tendría además contactos con la municipalidad de Corredores, donde precisamente es alcalde el padre de Viales.

Más recientemente salió a la luz el caso del diputado del PUSC, Óscar Cascante, quien recibió en su despacho en al menos 13 oportunidades a tres sujetos que ahora también están detenidos por una investigación por narcotráfico.

Cascante ha defendido que no tiene relación con ninguno de ellos; sin embargo, aceptó que impulsó tres proyectos de ellos en Barranca, Corredores y Limón, aunque dijo haberlo hecho de buena fe.

Por esta razón este lunes se separó de manera temporal de su fracción y se puso a las órdenes del Ministerio Público.

El diputado también se apartó de esta comisión, de la que había solicitado participar el lunes de la semana anterior, precisamente el último que recibió a dos de los sujetos investigados.