Sindicatos presentan proyecto para descongelar salarios del sector público
Entre otras, la propuesta pretende restablecer los ajustes por costo de vida y eliminar los congelamientos indefinidos en materia salarial.
El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE), en conjunto con la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), presentaron este lunes un proyecto de ley para descongelar los salarios del sector público.
La propuesta, denominada Ley de Justicia Salarial y Equilibrio Fiscal de Costa Rica, pretende, entre otras, restablecer los ajustes por costo de vida y eliminar los congelamientos indefinidos en materia salarial.
“El sacrificio impuesto a las personas trabajadoras del sector público no se ha traducido en una mejora estructural de la relación Deuda - PIB, ni en una mayor estabilidad fiscal. Por el contrario, ha profundizado la desigualdad, ha debilitado el consumo interno (adquisición de bienes y servicios) y afectado la calidad de los servicios públicos”, señalaron los sindicatos.
La iniciativa defiende, además, “corregir distorsiones” presentes en la legislación vigente bajo los principios de “razonabilidad, proporcionalidad, justicia social y sostenibilidad fiscal”.
“La propuesta se sustenta en criterios técnicos, económicos y jurídicos, incluyendo recientes valoraciones que cuestionan la constitucionalidad de congelamientos salariales prolongados”, añadieron sus proponentes.
Los sindicatos insisten en que la introducción de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal) y la Ley Marco de Empleo Público han provocado una pérdida acumulada cercana al 9,5 % del poder adquisitivo de miles de familias trabajadoras del Estado, además de generar “serias advertencias” desde el ámbito jurídico y constitucional por posible afectación a derechos fundamentales “con impactos directos en la economía y bienestar de las familias de los y las trabajadoras públicas”.
La propuesta se presentará al Congreso para que se le asigne un expediente e inicie el respectivo proceso legislativo.
