Por Gabriel Pacheco |13 de febrero de 2025, 17:07 PM

La tarde de este jueves, los diputados de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos aprobaron un texto sustitutivo para el proyecto 23.928, “Ley contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas con discapacidad”, con el cual los sacerdotes no estarán obligados a romper el secreto de confesión. 

El nuevo texto cambia lo dispuesto en el artículo 206 citado en el proyecto de ley. Dicho artículo exonera a ciertas personas de declarar los secretos que hayan conocido en razón de su oficio, por ejemplo los abogados, médicos o los ministros religiosos. 

Sin embargo, dice el artículo, “estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto”, es decir, si la víctima lo autorizaba, el sacerdote estaba obligado a declarar lo que le fue dicho bajo secreto de confesión. 

La Conferencia Episcopal se negó rotundamente a dicho cambio, porque romper el secreto de confesión es una falta grave dentro del Derecho Canónico, el conjunto de leyes que rigen a los sacerdotes, fieles y otros ministros de la Iglesia Católica. 

Quebrar este secreto, autorice el fiel o no, implica la excomunión inmediata. Esta es la pena más grave del Derecho Canónico y le impide al sacerdote ejercer más su ministerio, separándolo de la Iglesia. 

Pero esa posibilidad quedó atrás. El nuevo texto dice: “Estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto, con excepción del derecho de confesión”. 

Ricardo Cerdas, vocero de la Conferencia Episcopal, celebró la reforma a través de un video publicado en redes sociales, además recalcó que están totalmente de acuerdo con el espíritu del proyecto que busca salvaguardar la integridad de los menores de edad. 

"Gracias a esta moción se pudo salvaguardar el derecho de los sacerdotes y de todos los fieles. Por eso, aparte de que es una confirmación de la lucha que se tiene en cuanto a la prevención y las implicaciones de responsabilidad en el caso de los abusos sexuales, también es una salvaguarda a la libertad religiosa", dijo Cerdas. 

El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, puntualizó que su partido está en contra de los abusos sexuales contra menores, por lo que apoya al proyecto; sin embargo, a su criterio era necesario cambiar el texto porque podría abrirse “un portillo para la persecución religiosa”.

"El día de la audiencia con la Conferencia Episcopal se habló que esto era un proyecto para perseguir religiones, pero no es así [...] Entiendo que para muchos costarricenses la religión es parte fundamental de su vida", dijo la diputada Andrea Álvarez, de Liberación Nacional.

La votación fue unánime, con seis votos. El proyecto pretende ampliar las personas que están obligadas a denunciar estos delitos de carácter sexual y garantizar así una mayor protección de la niñez, según la propia justificación del expediente. 

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