Por Juan José Herrera |14 de diciembre de 2022, 13:31 PM

El presidente Rodrigo Chaves defendió, este miércoles, la decisión del Consejo de Gobierno de suspender y denunciar penalmente a cinco miembros de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como al expresidente ejecutivo, Álvaro Ramos.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal de ministros, el mandatario calificó a quienes cuestionan esa medida como “vendedores de humo especializados” y aseveró que defenderá a la Caja de “intereses internos y externos”.

“El Consejo de Gobierno, en sus competencias otorgadas por ley, procedió a iniciar procesos disciplinarios administrativos y, por lo tanto, tenía que suspender a estas personas por denuncias de supuestas acciones irregulares y lo vamos a investigar hasta el último detalle.

“Hay gente que dice que no tenemos esa potestad, la respuesta es sencilla: los mejores académicos dicen que en Derecho hay un principio que establece que quien nombra en el puesto tiene la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a nuestra ley, si no es el Consejo de Gobierno, ¿quién?”, cuestionó Chaves.

El presidente anunció, la semana anterior, esa decisión por supuestas irregularidades con esos directivos, especialmente en supuestos conflictos de intereses sobre el aumento salarial aprobado meses atrás y el salario mínimo inembargable.

Sin embargo, expertos en material legal insisten en que la Ley Constitutiva de la CCSS es clara en que los miembros de la junta directiva son “inamovibles” por el plazo en que se les nombre y que desempeñarán sus funciones “con absoluta independencia del Poder Ejecutivo”.

Chaves cuestionó que, si no es el Ejecutivo, quién es el encargado de suspenderlos ante una investigación administrativa.

“¿La misma Caja que no puede porque es su máximo órgano? ¿Quién va a defender sus intereses? Les hago esa pregunta.

“¿Ustedes saben lo que es tener a miembros de la junta directiva respirándole en el hombro a usted cuando está investigando algo? Eso no es agradable, posible ni correcto”, aseveró.

Sobre la investigación penal, que tanto Ramos como el resto de los directivos suspendidos dicen no existe, Chaves aseguró que era su obligación presentarla, aunque no precisó si ya lo hizo.

“El Código Procesal Penal de Costa Rica es clarísimo en términos de decir que cualquier funcionario público que tenga noticias, sospechas o evidencias de la comisión de hechos delictivos está en la obligación legal de denunciarlos, no es que yo quiero, tengo la responsabilidad legal de hacerlo, por eso presentamos las denuncias penales correspondientes contra esos cinco miembros y el expresidente ejecutivo.

“Continúa la investigación y sentamos responsabilidades si las hay, lo que hay que hacer, mientras tanto es nombrar a los suplentes y que la junta vuelva a sesionar por el bien del pueblo”, finalizó.