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Con el apoyo unánime de 44 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate el proyecto de ley 21.447, que sancionará con cárcel el robo de combustibles y los daños al sistema nacional de combustibles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

La iniciativa establece penas de entre seis meses y 15 años a quienes dañen un poliducto, roben combustibles, lo transporten o lo importen al país de manera ilegal.

Además, define como agravantes el daño ambiental producido a partir de algunas de estas conductas, que un funcionario público sea parte de estos delitos o bien que estos actos permitan el abastecimiento de organizaciones criminales como el narcotráfico.

“Este es un esfuerzo de todas las fracciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El proyecto no solo busca sancionar cualquier irregularidad en el manejo de combustibles a nivel nacional sino también el ingreso ilegal de combustible al país producto del narcotráfico.

“Se mejoran los tipos penales, se generan sanciones más claras y aterrizadas y también se da un agravamiento a la sanción cuando este derrame produzca un daño ambiental y también cuando se utilice la importación ilegal para abastecer estructuras criminales”, dijo el liberacionista Gustavo Viales.

Penas

Dentro de las nuevas sanciones se castigará el daño al Sistema Nacional de Combustibles con entre seis meses y cuatro años de prisión, pero si ese daño ocasiona un derrame de combustible la pena será de entre cuatro y seis años de cárcel.

La pena por robar combustible será de cinco a 15 años si se aplica el uso de fuerza o violencia contra personas.

El transporte y distribución ilegal de combustibles y sus derivados o mezclas se castigará con entre uno y cuatro años, mientras que su introducción ilegal al país será sancionada con entre tres y cinco años de prisión.

También se castigará la alteración o manipulación de sistemas o instrumentos de control de combustibles con entre tres y ocho años, mientras que las personas que reciban, almacenen u oculten combustibles o derivados ilegales enfrentarían penas de entre uno y cinco años.

Todas esas penas se agravarán hasta en un tercio si se produce un peligro para la salud o la vida, un daño ambiental, si en la comisión del delito interviene un funcionario o servidor público o si sus integrantes son parte de una organización criminal.