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La discusión de mociones en el proyecto de reforma al empleo público se acerca a su punto clave: la definición de un salario único y quiénes estarán sujetos a este.

Este miércoles en una doble sesión los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración alcanzaron a llegar hasta la moción 232 de las 301 que recibió el expediente en su primer día.

Ahí quedó claro que la rectoría del empleo público recaerá sobre el Servicio Civil y no en Mideplan como proponía el Gobierno y defendía la fracción del PAC.

Así, muchas de las poco más de 170 mociones revisadas hoy precisamente iban en línea con ese ajuste en el articulado del proyecto a esa nueva tutela.

Por ejemplo, que serán los diputados quienes elegirían al director de ese órgano para evitar así politizar su nombramiento y que los empleados públicos podrían alegar objeción de conciencia para negarse a recibir capacitaciones sobre temas que puedan suscitarles conflictos éticos, morales o de religión.

Ambas propuestas fueron revisadas a solicitud del frenteamplista José María Villalta, quien cuestionó que ambas no solo son dañinas para el ordenamiento administrativo del empleo público sino además inconstitucionales.  

“Ustedes hablan de no politizar un nombramiento, pero ¿qué más político que sean las fracciones quiénes lo elijan? Además eso es groseramente inconstitucional, porque por ley al Poder Ejecutivo le corresponde nombrar a los servidores de sus dependencias”, dijo Villalta.

En el otro punto argumentó que se estaría abriendo un “peligroso portillo” al permitir que funcionarios públicos no se capaciten en temas de derechos humanos.

“No están analizando los verdaderos alcances, por ejemplo en temas de abuso policial, racismo, violencia de género. Hay personas que pueden alegar que eso va contra sus convicciones morales, pero solo están pensando en el miedo a la población LGTBI.

“¡Hay gente en Costa Rica que piensa que el hombre es el que manda en la casa y esas personas pueden alegar convicciones morales en eso!”, dijo.

Sin embargo, ambas mociones fueron aprobadas.

También se acordó trabajar en una propuesta para darle más oportunidades a jóvenes de integrarse al mercado laboral a pesar de la falta de experiencia, así como promover la igualdad de género entre hombres y mujeres para puestos de alta gerencia.

Del texto original se mantuvo que dos evaluaciones consecutivas con un rendimiento inferior al 70% admitirán un despido sin responsabilidad laboral y que los empleados públicos no podrán acumular más de dos periodos de vacaciones.

La discusión de mociones debía continuar este jueves con una última sesión extraordinaria; sin embargo, la suspensión de funciones por el caso positivo del verdiblanco Gustavo Viales obliga a posponer esa cita hasta al menos el miércoles de la próxima semana.

Será hasta entonces cuando se discutan las 69 mociones que restan, la gran mayoría referentes a cómo y a quiénes se aplicará el salario único.

También se resolverá qué pasará con la negociación de las convecciones colectivas, cuya tesis principal es la de restringirlas, mas no eliminarlas.