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El reconocido abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle afirmó, en una audiencia llevada a cabo este martes en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (número 21.336) debe aprobarse lo antes posible.

Hernández fue invitado a la audiencia por los diputados que conforman la comisión para que los oriente en el análisis y discusión sobre el tema, el cual debe dictaminarse en dos meses como máximo.

“La ley extiende correctamente la aplicación a todas las instituciones estatales e incluye al Poder Judicial, municipalidades y universidades públicas. Mi opinión va dirigida en tres puntos: salario global, rectificación quinquenal (exámenes para empleados públicos) y fin de las comisiones colectivas”, señaló Hernández Valle.

Para el experto, “estos puntos son aspectos que la ley no contempla y hay que modificarlo porque son claves que debería tener”.

Además, considera como un logro del proyecto incluir a todas las instituciones y solo dejar por fuera a las que no realizan funciones únicamente administrativas.

Según señaló, las excepciones serían muy pocas; por ejemplo, la parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que vende telefonía, la cual está en el régimen de competencia.    

Salario global

Para el constitucionalista, todos los empleados públicos deben tener un salario global y los pluses salariales quedarían derogados.

Los funcionarios con muchos años de trabajar para una institución no sufrirían una rebaja en el salario a la hora de aprobarse la ley. Estos casos deberían de respetarse.

Trabajadores recibirían un aumento salarial de acuerdo con el costo de la vida.  

Rectificación quinquenal

Hernández también propone que cada cinco años los servidores públicos deben de rectificarse y hacer un examen de acuerdo al puesto que ocupan. Esto los obligaría, durante los cinco años, a estar en continua preparación por lo que brindarían un mejor servicio.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) podría ser utilizada para capacitar a los empleados públicos con cursos.

Si el funcionario pierde el examen se le da de baja con responsabilidad patronal, se le saca de la institución para la que labora y se evita así que los malos trabajadores “enquisten” (paralicen) a la institución.

Convenciones colectivas

De la misma forma, para el constitucionalista las convenciones colectivas deben de prohibirse en el sector estatal, salvo en aquellas instituciones que no realicen gestiones administrativas directas.

Cuando en aquellas instituciones venzan las convenciones colectivas vigentes, debe de quedar la prohibición de renovarlas.   

La Comisión de Gobierno y Administración está integrada por los diputados Víctor Morales Mora, David Gourzoung Cerdas, Luis Fernando Chacón, Dragos Dolanescu, Jorge Luis Fonseca, Rodolfo Peña Flores, Jonathan Prendas, Aracelly Salas Duarte, Rosa Volio Pacheco.