¿Realmente combaten el abstencionismo las sanciones por no votar?

El pasado 13 de setiembre, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para castigar con hasta ₡1.4 millones a quienes no se presenten a votar en las elecciones presidenciales o municipales.

Se trata de una reforma al Código Electoral que permitiría incluir en la obligatoriedad del voto, resguardada en la Constitución Política, una serie de sanciones económicas por no cumplirla, esto como una apuesta para combatir el creciente abstencionismo que en la pasada segunda ronda presidencial superó el 43%.

¿Es realmente una solución a ese problema?

El castigo por no votar no es extraño en el mundo ni tampoco en la región, con seis países latinoamericanos aplicando sanciones a sus ciudadanos en caso de fallar a ese deber cívico.

Otros cuatro países del área, incluido Costa Rica, tienen como obligatorio ese ejercicio democrático, pero no lo sancionan.

En el primer grupo aparecen Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Ecuador.

De estos, Uruguay reportó en 2019 un 90,12% de participación en las elecciones donde resultó electo Luis Lacalle, el mejor porcentaje entre las seis naciones antes mencionadas.

En el otro extremo, Pedro Castillo llegó al poder en Perú en unas elecciones donde participaron el 74,56% de los ciudadanos inscritos en el padrón.

Esos porcentajes decaen en los cuatro países donde el voto es obligatorio pero no sancionado, con Honduras presentándose como el mejor caso (68,58%) y Costa Rica como el peor (56,79%).

¿Validan estos datos la propuesta legislativa? Para los expertos, la respuesta es un rotundo no.

“Más bien puede eventualmente incentivar esa ausencia de interés por ir a votar, porque el frío no está en las cobijas. Si la oferta electoral no es satisfactoria, como pasó en este proceso anterior, donde había tantos aspirantes y a pesar de eso el abstencionismo creció, eso no se resuelve obligando a la gente a ir a votar.

“Un segmento importante está insatisfecho con lo que los partidos le están ofreciendo y en ese escenario, simplemente sancionar a los que no van a votar, es no entender que el problema es mucho más profundo y que hay muchas variables a considerar”, sentencia el analista político Sergio Araya.

En eso coincide plenamente el también politólogo Alejandro Barahona, quien asegura que hay demasiadas aristas que el proyecto presentado por Horacio Alvarado no contempla, como por ejemplo el simple derecho a no participar en una elección.

“El derecho a elegir de las personas se acompaña de una responsabilidad, pero agregar a esa ecuación la obligatoriedad me parece que es desconocer un elemento básico de la democracia y es la libertad para participar o no participar.

“La pregunta que debería hacerse es si la gente no está yendo a votar porque no es obligatorio o cuáles son esas verdaderas causas. Yo creo que los diputados, en lugar de estar promoviendo iniciativas como estas, deberían estar analizando con profundidad y seriedad cuáles son esas razones de por qué las personas no van a votar y por qué cada vez son más”, dijo Barahona.

Tanto Araya como Barahona cuestionaron además lo “simplista” de la propuesta de ley y lo poco que analiza el trasfondo del problema y la solución planteada, que insisten no contempla elementos básicos como la capacidad que tendría el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para perseguir y sancionar a aquellos que incumplan con el voto.

“A mí me sorprende que don Horacio, habiendo sido tantísimos años alcalde, ignore cuál es la capacidad de la institucionalidad pública para ponerse a perseguir y cobrarle a los ciudadanos por la no participación. Ya la institucionalidad está rebasada para decirle ahora 'vuélvase un cobrador de los que no van a ir a votar' y que afectaría especialmente a los sectores más populares”, añadió Barahona.

¿Qué dice el TSE?

El letrado Andrei Cambronero aseguró que el Tribunal se pronunciará sobre el fondo del proyecto cuando se le consulte oficialmente como parte del proceso legislativo.

Mientras tanto, afirmó que no se referirán a los pormenores de la propuesta, pues antes deberá analizarse.

Sí adelantó que, según los datos que maneja el órgano, no se han encontrado significativas diferencias en términos de participación en los países donde se castiga el no asistir a las urnas y aquellos en los que sí.

Horacio Alvarado, por su parte, aceptó que entiende que el proyecto tendrá oposición, pero que sería precisamente el debate interno el que permitiría fortalecerlo.

"Yo sé que hay gente que va a decir que la democracia me permite no ir a votar, bueno, va y asiste y votaría en blanco si es que no llega ningún candidato o candidata a nivel nacional o municipal.

“El debate a lo interno me parece que será fundamental, pero será principalmente de aquellas personas que no quieren ir a votar, que en el caso de los procesos municipales son el 50%, entonces yo ya asumo que ese 50% va a estar en contra de este proyecto”, dijo al momento de la presentación del proyecto.

Finalmente, el presidente del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, se negó a referirse al proyecto de ley y se limitó a decir que este no fue consultado ni analizado con el partido, por lo que tampoco representa la posición de la agrupación.