La Unión Europea (UE) añadió este martes a Costa Rica y Rusia a su lista de países no cooperantes en materia fiscal.

Esto significa que, desde hoy y ante los ojos de las potencias europeas, Costa Rica es un paraíso fiscal.

Esto trae consigo consecuencias importantes a nivel de imagen y reputación, pero también represalias directas en materia económica.

¿Por qué?

La decisión fue anunciada por el Consejo Europeo mediante un comunicado en el que se señaló a nuestro país por incumplir su compromiso de reformar el sistema de imposición de las rentas pasivas extraterritoriales.

Según la UE, el gobierno tico se había comprometido el año pasado a presentar un proyecto de ley que debía ser aprobado y ratificado antes del 31 de diciembre pasado, cosa que no sucedió.

Ese proyecto debía frenar lo que hoy se conoce como la "doble no imposición", que permite que personas físicas y jurídicas no deban pagar impuestos por las ganancias (renta) que obtengan en el exterior cuando hacen inversiones pasivas.

“Esto quiere decir que si una empresa, por ejemplo una francesa, tiene una subsidiaria en Costa Rica y tiene que hacer inversiones transitorias y las hace en la bolsa de valores de Nueva York, compra bonos y acciones, de acuerdo con la legislación costarricense no tiene que pagar impuestos sobre los dividendos de las acciones o los intereses que ganen esos bonos, esas son las rentas pasivas extraterritoriales”, explicó Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas.

La tesis de la UE es que todas las rentas personales o empresariales obtenidas fuera de las fronteras de un país deben ser objeto de impuestos a nivel local para evitar generar una competencia desleal entre los distintos regímenes tributarios nacionales.

¿Cuáles son los efectos de ingresar a esa lista?

El primero es la pérdida reputacional a nivel internacional y la posibilidad de que las empresas europeas que operan en el país se expongan a escrutinios más estrictos y sanciones.

Así, Costa Rica no solo perdería su atractivo como un destino para actuales y futuras inversiones, sino que además le restaría competitividad en la región.

“Vendrán otras sanciones, como perder acceso a fondos de cooperación, pero incluso pueden poner sanciones tributarias para las empresas europeas que operen en Costa Rica. Entonces hay medidas adicionales que van a ocurrir, como mayor escrutinio de empresas localizadas aquí”, añadió Rodríguez.

El Consejo Económico Europeo volverá a revisar esta lista hasta octubre próximo.

De momento no se conoce alguna acción inmediata del Estado costarricense ante este ingreso a la lista.

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