¿Qué opina Carlo Díaz de los proyectos del Gobierno que promueven la prisión preventiva?

Como parte de sus dos primeros paquetes de proyectos de seguridad, la presidenta Laura Fernández presentó a la Asamblea Legislativa iniciativas que promueven el dictado de prisión preventiva.

Una, dirigida a reincidentes, mientras que la otra a quienes se resistan al arresto. Recién el 21 de octubre pasado, la mandataria dijo que valoraba la posibilidad de plantear una propuesta similar para quienes porten armas prohibidas.

Los planteamientos han sido cuestionados por la Corte Suprema de Justicia, abogados penalistas, como Gerardo Huertas, entre otros, dado el efecto casi automatizado que se da a una medida cautelar de carácter excepcional, que solo se puede ordenar cuando existen elementos suficientes probables de que la persona cometió un delito con pena de cárcel y persisten peligros procesales (de fuga, de continuación delictiva, de obstaculización o para las partes).

El Gobierno de la República defiende que sus iniciativas tienen como intención el resguardo de derechos de las víctimas y el garantizar seguridad a la ciudadanía.

Durante una entrevista, Teletica consultó al respecto al fiscal general, Carlo Díaz, su posición y adelantó que, si bien no conoce a fondo las iniciativas, se opondrá a cualquier proyecto que pretenda una automatización de la medida cautelar.

"La prisión preventiva automática no es permitida. Hay regulación convencional... Me refiero a convenciones, adoptadas incluso a resoluciones de la Corte Penal Internacional (CPI) o Interamericana (Corte IDH), que dicen que eso no es posible. Los presupuestos de la prisión preventiva automática lesionan el Estado de Derecho. Por supuesto, estamos en un Estado de Derecho donde debe reinar la Constitución, donde se deben respetar los convenios internacionales y la ley. Y desde ese punto de vista es que tenemos que analizar esas propuestas.

"Esas propuestas pueden sonar a veces muy atractivas, pero en realidad es parte de una narrativa populista. Y en un gobierno democrático de Estado de Derecho como es el nuestro, tenemos que respetar la Constitución, tenemos que respetar los convenios internacionales y a eso es que se tiene que ajustar. Si hay alguna normativa que se ajusta a esos parámetros, bueno, por supuesto nosotros la vamos a apoyar, pero si no se ajusta a esos parámetros vamos a estar en contra", explicó Díaz.

Frente a lo señalado por el jefe del Ministerio Público, la oficina de prensa de la Casa Presidencial defendió, ante una solicitud de este medio, que la validez jurídica de sus propuestas debe ser determinada por la Sala Constitucional, no por la Fiscalía.

En su respuesta, el Gobierno señaló que espera que las iniciativas superen el Congreso y anunció que pronto formulará nuevos proyectos de ley para intentar bajar la criminalidad que afecta a Costa Rica.

"Esa es una posición personal de don Carlo que muestra claramente lo que él y sus predecesores han venido haciendo desde la Fiscalía: siendo tolerantes y alcahuetas con los delincuentes.

"Nosotros hemos presentado proyectos con una clara intención de resguardar los derechos de las víctimas y garantizar la seguridad para los ciudadanos de bien. Esperamos que puedan convertirse en ley pronto para devolverle la tranquilidad al ciudadano de bien y castigar al que delinque", apuntó Casa Presidencial.

La iniciativa que hasta ahora muestra mayor avance en la Asamblea es la denominada Ley de mano firme ante la reincidencia delictiva, que el 27 de octubre pasado fue dictaminada por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, quedando lista para su discusión en el Plenario.

Sin embargo, sobre el expediente 25.616 recae un criterio negativo del Poder Judicial, lo que obligará a que, para que el proyecto se convierta en ley, tenga que ser apoyado por al menos 38 votos.

Por su parte, la Ley Gerson Rosales de protección integral a la víctima y al servidor policial se mantiene en comisión.