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El ministro de Hacienda Rodrigo Chaves pidió este lunes a los diputados levantar el secreto bancario como una forma de combatir la evasión y mejorar así la situación financiera del país.

La solicitud llegó en medio de la presentación que hizo el jerarca a los legisladores sobre las propuestas del Gobierno para paliar el histórico déficit fiscal de 6,96% que dejó el 2019.

“Para mí sería muy bueno que la Asamblea Legislativa discuta y levante el secreto bancario en este país”, dijo Chaves en su interpelación.

¿Pero qué es esta figura?

Básicamente es la facultad que tienen las entidades financieras de proteger la información de sus clientes incluso ante la administración pública.

Esto significa que, por ley, los bancos y demás instituciones están en la obligación de no revelar información sensible de sus usuarios, como por ejemplo gastos o ingresos, así sean individuos o empresas.

La medida está tutelada por el ordenamiento jurídico del país, pero no es un derecho constitucional. Esto significa que podría ser eliminada mediante la promoción de una ley y eso es precisamente lo que propone Hacienda.

¿Es viable?

“Hay que ver de qué manera se va a plantear esto para evitar que haya vicios de constitucionalidad, porque el secreto bancario en su esencia no es un derecho constitucional, pero el artículo 24 de la Constitución sí garantiza el secreto de las comunicaciones entre los privados

“El segundo aspecto de esta discusión es de conveniencia, ¿qué tan conveniente es proceder de esta forma en el contexto actual?”, cuestionó Erick Solano Coto, doctor en Derecho Administrativo y abogado socio de la firma Officium Legal Abogados.

Para Solano, eliminar el secreto bancario podría ser innecesario si se toma en cuenta que ahora mismo existe una normativa que avala, previa orden de un juez, la entrega de información de los bancos a las autoridades cuando se sospeche que exista alguna conducta ilegal.

“Si ya existe esa figura jurídica habría que determinar cuál es la motivación de que ese secreto se elimine por completo”.

Chaves aseguró en su comparecencia que el levantamiento del secreto bancario agilizaría el control de la administración tributaria frente a la evasión y les daría herramientas para un control más estricto.

¿Pero ha sido el secreto bancario un verdadero obstáculo para llevar a cabo investigaciones en particulares o empresas?

“No, incluso tenemos en la legislación algunas normas que permiten ese conocimiento. La Ley sobre estupefacientes por ejemplo establece en su artículo 24 que las entidades sometidas a lo dispuesto en ese capítulo tienen que prestar especial atención, o sea que incluso las entidades bancarias con la información que manejan podrían entender que en algún manejo inadecuado de algún cliente podría existir alguna sospecha y eso lo tienen que comunicar a las autoridades”, dijo Solano.

La normativa actual, entonces, sí contempla esas limitaciones a esa protección de la información en casos debidamente tutelados.

¿Por qué no?

El exdiputado Otto Guevara ha sido uno de los principales detractores de la posibilidad de levantar el secreto bancario.

Para el libertario hacerlo sería ir en contra de esa intención que Chaves presentó ayer de promover la confianza entre los inversionistas, pues aseguró que esto sumado a otras iniciativas que también se discuten en el seno de la Asamblea Legislativa, son una “receta perfecta” para ahuyentar inversión.

“Toda esa combinación de medidas es la receta perfecta para espantar todos los capitales del país y ahuyentar o disuadir a posibles capitales extranjeros que estaban evaluando invertir en el país para que no lo hagan”, dijo Guevara.

Bajo la misma línea se pronunció el diputado de Liberación Nacional Roberto Thompson.

“El secreto bancario es un derecho de confidencialidad acerca de información financiera sensible q no puede ponerse en manos de cualquiera sin las debidas garantías. La vaga propuesta del Ministro genera serios cuestionamientos por constituir, además, un desestimulo a la inversión”, dijo el legislador.

Para Solano la medida, desde un aspecto legal, podría vulnerar no solo esa confidencialidad sino además repercutir en un aspecto competitivo, al poner a disposición de cualquier información sensible.

“Es cierto, ‘el que nada debe nada teme’ pero, ¿Por qué tengo yo que exponer mis estados financieros a mí sector? Primero debería hacerse ese análisis exhaustivo sobre la normativa que ya existe, los instrumentos que ya existen y a partir de ahí determinar dónde están esas lagunas o vacíos. Evaluar los controles fiscales existentes y no caer en esa falsa ilusión o premisa de que con una nueva ley se va a solucionar todo”, finalizó Solano.