¿Qué es el proyecto de armonización eléctrica? El ABC para entender la discusión
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que recorre los pasillos del Congreso desde 2022, se someterá a votación este martes.
Este martes a partir de las 3 p. m., los diputados de la Asamblea Legislativa se concentrarán en la discusión y votación del expediente 23.414, conocido como la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
Se trata de una iniciativa presentada desde el 2022 por el Gobierno de Rodrigo Chaves y que ahora definió como prioridad Laura Fernández.
La propuesta, que no encontró voluntades en el pasado Congreso, es también un parteaguas del nuevo, porque necesita 38 votos que pareciera tampoco tiene para ver la luz.
¿En qué consiste?
El proyecto del Ejecutivo defiende la modernización del Sistema Eléctrico Nacional bajo los pilares de la eficiencia y sostenibilidad, con la promesa, además, de que los consumidores finales tendrán energía de calidad al menor costo posible.
Para lograrlo, la propuesta rompe el monopolio eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para permitir que actores públicos, privados o mixtos participen del mercado, tanto en la generación como en la venta de electricidad, bajo reglas estrictas y supervisadas.
Esto significa que el ICE dejaría de ser la entidad que controla y maneja el mercado eléctrico nacional y se convertiría en un actor más, eso sí, con la ventaja de continuar siendo el mayor generador eléctrico del país.
¿Cómo?
El proyecto crea la figura del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), que es precisamente el espacio donde los diferentes actores compran y venden energía, potencia y cualquier otro servicio vinculado.
El MEN, a su vez, estará compuesto por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que son los contratos negociados a corto y largo plazo, y el Mercado de Ocasión Nacional (MON), que son las transacciones diarias según oferta y demanda.
Ese mercado será manejado por el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), que asumirá las funciones de control que hoy tiene el ICE, pero bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la supervisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
Así, cualquier generador a partir de fuentes renovables con potencias superiores a los 5 MW deberá someterse a las reglas y supervisión del MINAE.
En el caso de la generación de fuentes no renovables, queda definido que solo el ICE tendrá potestad para desarrollar estos proyectos, excepto si el instituto manifiesta su imposibilidad para hacerlo, en cuyo caso se desarrollará un proceso de contratación.
¿Cómo funcionaría el mercado?
El Ecosen tendrá el mandato expreso de administrar el mercado eléctrico nacional y operar el sistema eléctrico nacional “al mínimo costo, cumpliendo los requerimientos de calidad, seguridad y desempeño”.
Sus funciones incluyen el desarrollo de infraestructura eléctrica, la atención de los crecimientos en demanda y potencia, el manejo de los costos de operación y mantenimiento, entre otros.
El proyecto mantiene y garantiza el acceso a la electricidad como un derecho de todos los ciudadanos y defiende que el Ecosen deberá actuar bajo premisas técnicas, nunca políticas ni comerciales.
La idea es entonces que el mercado reciba toda la electricidad de los diferentes generadores y el Ecosen se encargue de su distribución mediante esos criterios técnicos, priorizando la energía más barata y eficiente en el menor tiempo posible.
¿Qué es lo que genera polémica?
A grandes rasgos, el proyecto defiende la misma lógica que cualquier otra apertura comercial: más actores, más opciones y más competencia que acaba por derivar en precios más bajos para todos los usuarios.
Sin embargo, la queja de la oposición es que el proyecto no precisa cómo es que se garantizarán esas tarifas más bajas o cómo se pagaría toda esta millonaria inversión que supone la propuesta de armonización del Ejecutivo.
Además, no queda claro cómo se podrían evitar las prácticas comerciales de especulación, en donde los diferentes actores podrían manipular el mercado a través de mayores tarifas que, al final, pagarían los usuarios.
La oposición también teme que, si los actores privados especulan con sus tarifas, el sistema automáticamente los seleccione y el mercado mayorista acabe por concentrarse en estos, relegando la generación del ICE a un segundo lugar y con esto debilitando los ingresos al Estado y su impacto social asociado.
El Frente Amplio ya anunció que pondrá sus siete votos en contra, lo mismo que Claudia Dobles del CAC.
El punto de quiebre está ahora en Liberación Nacional, que esta mañana anunciará su postura luego de que su directorio político les pidiera anoche votar en contra de la iniciativa.
