¿Puede un policía ser sancionado por criticar a una autoridad? Esto dicen abogados
El lunes trascendió el caso de un piloto del Servicio de Vigilancia Aérea, quien sostiene que se le abrió un proceso disciplinario luego de que hiciera señalamientos a la presidenta Laura Fernández.
El caso del oficial David Damazio reabre el debate sobre los límites con los que cuentan los policías para expresarse sobre diferentes temas. Este piloto del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) denunció el lunes que le fue abierto un procedimiento administrativo producto de críticas que hizo a la presidenta Laura Fernández y de declaraciones que dio al sitio CR Hoy.
¿Pero es posible sancionar a un agente por opiniones que este haya emitido?
Frente a ese panorama, Teletica.com consultó a los abogados Rodolfo Brenes y Marco Durante.
Ambos juristas recordaron que la libertad de expresión es un derecho humano y, como tal, protege a todas las personas, incluidos los funcionarios públicos y oficiales. En esa línea, recordó que la Sala Constitucional ha establecido que la relación estatutaria de un servidor no diezma ni limita su libertad de expresión, ni ningún derecho fundamental que le asista.
De igual forma, el primero de los abogados, experto en libertad de expresión, apuntó que el Alto Tribunal ha considerado que el Servicio de Vigilancia Aérea es un cuerpo policial y que, por ello, le aplica la Ley General de Policía, que establece el principio de subordinación al poder civil. La norma en cuestión señala que los uniformados deben abstenerse de deliberar o manifestar proclamas al margen de la autoridad civil.
"Esta es una limitación a la libertad de expresión del policía, que, si bien es legítima y así lo ha dicho la Sala Constitucional, debe aplicarse con sumo cuidado y de manera restrictiva, para no afectar desmedidamente un derecho fundamental", resaltó Brenes.
Por ello, el jurista cree que debe hacerse un análisis profundo de las opiniones que motivaron la apertura del proceso disciplinario.
Solo así se podrá determinar si las manifestaciones tienen que ver con un tema de interés público, si no ponen en peligro el principio de subordinación de la policía al poder civil, si son críticas legítimas en democracia hacia una autoridad. De ser ese el caso, según Brenes, tales opiniones quedarán protegidas por la libertad de expresión.
En cambio, si se trata de expresiones no relacionadas con temas de interés público o claramente difamatorias o injuriosas, no son protegidas por ese derecho y, como consecuencia, contra estas cabe una sanción.
"La posibilidad de sancionar y la apertura de procedimientos administrativos deben entonces valorarse cuidadosamente, porque si se usa de manera amplia, se convierte en un instrumento de persecución y de amedrentamiento que puede usarse para callar la crítica legítima en una democracia y eso es muy peligroso", puntualizó Brenes.
En una línea similar, Durante recordó que una persona será responsable ante terceros cuando sus manifestaciones provoquen un daño a la imagen de una persona o, en el ámbito de una relación de trabajo, le causen un perjuicio grave al patrono por revelarse información de carácter sensible o confidencial.
Asimismo, el especialista en derecho laboral subrayó que el inicio de un proceso disciplinario no debe considerarse como una sanción en sí misma, sino que, por el contrario, es el espacio idóneo para que el funcionario pueda presentar prueba de descargo para que finalmente se demuestre si existió o no una falta que pueda derivar en un castigo.
"Como parte del procedimiento administrativo, deberá investigarse la condición en la que esta persona pudo haber dado sus manifestaciones y las consecuencias de las mismas", apuntó Durante.
Damazio sostiene que fue notificado de un proceso disciplinario en su contra por haber publicado en su perfil personal de Facebook cuestionamientos relacionados con la gestión de la gobernante en materia de aviación civil.
Tales críticas se centraron en supuestas deficiencias detectadas por una auditoría internacional en seguridad aérea.
Para el piloto, la investigación que se le abrió es una "represalia" por sus manifestaciones, en lo que denominó un intento de limitar sus cuestionamientos sobre la administración del sector aeronáutico.

