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El proyecto PAGAR, con el que el Gobierno planeaba obtener ₡226 mil millones para el pago de la deuda, se tambalea en medio de la pandemia del COVID-19.

Este martes los diputados de la Comisión de Hacendarios recibieron a las autoridades del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y la Junta de Protección Social (JPS) para conocer a detalle las objeciones que tienen a PAGAR.

Los dos primeros aseguran que no tienen nada para ofrecerle al Ejecutivo en estos momentos y la última acordó el traslado de ₡15 mil millones, menos de la mitad del monto originalmente solicitado.

Empezando por la Junta, su presidenta ejecutiva Esmeralda Britton aseguró que los ₡34 mil millones acordados en un inicio no respondían a la verdadera capacidad de traslado de la entidad y pidió a los diputados “dejar de ver a la JPS como una bolsa de dinero a la que se puede sacar para todo”.

Britton aseguró que el golpe de la pandemia no solo afectó los ingresos estimados de la entidad por la suspensión de sorteos durante dos meses, sino que además obligó a gastos no contemplados como el traslado de ₡600 mil a 1.909 vendedores de lotería para acompañarlos durante la emergencia.

Eso hizo que la reducción inicial a ₡19 mil millones tampoco se ajuste a la capacidad actual, por lo que aseguró que acordaron con el Gobierno que esa cifra se quede en ₡15 mil millones.

Alberto López, gerente general del ICT y que originalmente había puesto a disposición del Gobierno ₡14 mil millones de los casi ₡26 mil millones solicitados, explicó que el severo golpe que ese sector está sufriendo y que proyecta la pérdida de 70 mil empleos para final de este 2020 hace imposible y poco sensato pensar en el traslado de un superávit que luego va a ser necesario.

Esa posición, aceptada por el propio Ejecutivo, fue respaldada hoy por los diputados.

Finalmente la Sutel, mediante el presidente del Consejo Federico Chacón, aseguró que no solo el proyecto no les fue consultado, sino que supone un golpe a sus finanzas y un acto ilegal.

Chacón explicó que, por ley, los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) solo pueden utilizarse para lo que fueron creados, por lo que la solicitud de ₡40 mil millones es improcedente y que así hubiera sido advertido de habérseles consultado.

La Sutel también estaría obligada al traslado de ₡5.669 de sus arcas a PAGAR.

El jerarca aseguró que eso recursos, en ambos casos, están comprometidos a proyectos de recuperación social y reactivación económica.

Los legisladores, sin embargo, cuestionaron el poco desarrollo en esa materia que han tenido y siguen teniendo los territorios indígenas del país.

El proyecto PAGAR autoriza la utilización de superávits de otras instituciones como el INDER, INA, la Imprenta Nacional, INCOP o la Junta Administrativa del Registro Nacional.

También demanda entre otros los montos correspondientes a la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (SORESCO), el fallido proyecto entre Recope y el gobierno de China para construir una refinadora en Moín.