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El proyecto de moratoria a los alquileres residenciales y comerciales en medio de la emergencia del COVID-19 fue recibido con rechazo por diferentes sectores de la población que ven este un golpe antes que una ayuda.

La iniciativa de ley, convocada el miércoles por el Poder Ejecutivo, establece moratorias de pago, parciales o totales, a los arrendatarios que hayan visto afectados sus ingresos por motivo de la pandemia.

Dichas moratorias rondarán entre el 25% y el 100% por hasta tres meses, seis en los casos más extremos.

Sin embargo, para muchas personas esto significa trasladar la afectación de los inquilinos a los propietarios, consiguiendo así extender aún más los efectos negativos de la pandemia entre la población.

“Por querer vestir un santo estamos desvistiendo otro, están pensando solamente en los inquilinos y no en la gente que vive del ingreso del alquiler de una casita”, dijo la legisladora del PUSC, María Inés Solís.

Sin embargo, sus defensores aseguran que se trata de una salida de emergencia para aquellos casos donde inquilinos y arrendadores no lleguen a un acuerdo de pago.

“¿Qué pasa con una persona que no pueda pagar el alquiler y tenga que irse? ¿No estaría igual recibiendo 0 de su alquiler?”, cuestionó la diputada liberacionista Karine Niño.

Niño, abogada de profesión, es también una de las integrantes de la mesa de trabajo de la que salió esta iniciativa que podría ser votada la próxima semana en el Plenario.

Ella participó este jueves en una extensa entrevista con Teletica.com donde además respondió a preguntas de ciudadanos afectados por esta compleja situación.

Observe sus declaraciones en el video adjunto.