Proyecto de crimen organizado necesitará 38 votos, reiteran magistrados
La Corte Plena acordó, por mayoría, que la cuestionada iniciativa incide en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.
El cuestionado proyecto de crimen organizado necesitará de al menos 38 votos de los diputados para aprobarse.
Así lo reiteraron este jueves los magistrados de la Corte Plena, luego de acoger el informe que responde a la consulta institucional presentada el día de ayer por el Congreso, luego de concluir con el análisis de las 529 mociones de fondo del expediente 23.090.
La Corte resolvió que el proyecto incide en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial y, por lo tanto, su votación necesitará de mayoría calificada.
El órgano se comprometió a enviar esa respuesta a Cuesta de Moras antes de las 2 p. m. de hoy, de manera que esté listo para votarse en primer debate esta misma tarde.
Esa votación, además, permitiría que el proyecto vaya a consulta de legalidad ante la Sala Tercera para que de una vez se aclare si existe un problema de legalidad con el texto, tal y como lo ha defendido la liberacionista Carolina Delgado, autora de 519 de esas mociones que enfrentó la propuesta.
Si esa vía no resulta, el proyecto también podría pasar a manos de los magistrados de la Sala Constitucional.
Los magistrados aseguraron hoy que, pese a esa resolución, no hay duda de la relevancia del proyecto y su urgencia por ser aprobado.
La propuesta, entre otras, fortalece los requisitos para ser juez en delincuencia organizada, juez tramitador del Tribunal Penal y juez del Tribunal de Apelación de Sentencia.
Permite que los asuntos de crimen organizado pueden ser tramitados en la Jurisdicción Penal Ordinaria y en la Especializada en Delincuencia Organizada y define que la acción penal es pública y no privada en delitos de crimen organizado.
También establece que las resoluciones en firme de esta especialidad no podrán ser objetadas por las partes o los tribunales de la Jurisdicción Ordinaria, ni declinada en oficio posteriormente.
Obliga a aplicar los plazos definidos en el Código Procesal Penal para asuntos de tramitación compleja en jurisdicción ordinaria sin necesidad de una resolución judicial adicional y también compromete al Ministerio Público a cumplir la investigación preparatoria en un plazo de 24 meses, mientras que el plazo de deliberación será de hasta 10 días hábiles y el tiempo para dictar sentencia de 20 días hábiles.
Finalmente, duplica plazos establecidos para la etapa intermedia, el plazo de prisión preventiva, el de continuidad y suspensión del debate, y los plazos para interponer y tramitar los recursos de apelación de sentencia y casación, así como las adhesiones.
Este último punto es uno de los que más ha defendido la Fiscalía y el Poder Judicial, pues es precisamente el que permitiría extender la prisión preventiva a un grupo de presuntos cabecillas del crimen organizado cuyos plazos se empezarían a cumplir a partir del 7 de junio próximo.
