Prohibición de teles y radios violenta derechos electorales de privados, alega asociación
La organización Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familiares presentó un amparo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, por recomendación del Juzgado de Ejecución de la Pena.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió un amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), en el que se alega una posible violación a los derechos electorales de los privados de libertad, derivada de la prohibición de televisores, radios y periódicos en el Circuito de Alta Contención y Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero.
Esta gestión la planteó este martes la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familiares, según confirmó a Teletica.com su presidente, Rafael Ángel García.
"Los privados de libertad, como cualquier otro costarricense, tienen derecho al acceso a los medios de comunicación para elegir al candidato o partido político de su preferencia para las próximas elecciones de 2026. Es violatorio a los derechos humanos y constitucionales que no se les permita el utilizar radios, el acceso a periódicos o a la televisión, para estar informados de estos procesos", explicó el representante del recurrente.
Sin embargo, esta gestión tiene un antecedente importante.
El 29 de agosto pasado, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela emitió una medida correctiva mediante la resolución 2025006475, a partir de una gestión iniciada por la Defensa Pública contra la cartera.
Por ejemplo, al viceministro de Justicia Nils Ching, así como el director general de Adaptación Social, Alexánder Bolaños, se les dispuso la inmediata colocación de un televisor en cada uno de los pabellones de estos sectores de la prisión.
De igual forma, se les ordenó autorizar el ingreso y el uso de un radio a aquellos reclusos que lo soliciten.
Pero también se les dispuso realizar un estudio con criterios técnicos, sobre la necesidad de imponer esta restricción a la población del Circuito de Alta Contención.
"Se ordena comunicar esta resolución a la Dirección de la Defensa Pública y a la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familiares a fin de que se valore la interposición de un amparo electoral, considerando que la población privada de libertad de Alta Contención y Máxima Seguridad del país se les está cortando su derecho y libertad al proceso electoral 2026, al no tener acceso a medios de comunicación", establece la resolución en poder de este medio.
Fue así como la sentencia cayó en manos de García y es por esa razón que este decidió acudir este martes a la Autoridad Electoral.
Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite consultas ante las oficinas de prensa del Tribunal de Elecciones, así como del Ministerio de Justicia y Paz.
Otras disposiciones
La resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela aborda otra serie de asuntos alegados por la Defensa Pública.
Se establece, por ejemplo, que en los próximos dos meses deberá hacerse una valoración del ingreso a Alta Contención a toda la población recluida en los pabellones B-3 y B-4, la cual debe estar debidamente sustanciada, en apego a la resolución DVJ-008-04-2025 y la circular 03-2025. Cada una de esas justificaciones deberá ser notificada personalmente a los internos.
También se dan dos meses para una evaluar si el kit de aseo personal que se entrega en la actualidad a los privados es suficiente o no para la población de Alta Contención.
De igual forma, se otorga un mes para que a cada privado de libertad se le entregue una bandeja plástica para alimentos con divisiones y tapa, un vaso plástico y una cuchara. Se dispuso, además, la colocación de microondas en todos los pabellones.
A la jefa Nacional de Servicios Médicos, Dixiana Alfaro, se le dio un mes para que fomente una estrategia de salud universal para los reclusos ubicados en Alta Contención, a fin de fortalecer el primer nivel de atención; mientras que a la jefa Nacional de Orientación, Ana Kattya Rojas, se le dispuso en el mismo plazo incorporar un plan para retomar el trabajo como herramienta de inserción social.
