Por Juan José Herrera |31 de enero de 2022, 10:39 AM

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una querella contra el diputado del bloque Nueva República, Jonathan Prendas, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Según la PEP, el legislador aceptó haber recibido una dádiva de una empresa privada para asistir a un congreso de tecnología en Barcelona, a inicios de 2019.

Por este hecho, la Procuraduría demandó civilmente a Prendas por un monto de ₡10 millones, producto del daño social derivado, así como una indemnización (no detallada) por el daño material ocasionado y las costas procesales.

“Los hechos que se querellan -con probabilidad suficiente- constituyen delitos de Enriquecimiento Ilícito, porque el diputado Prendas Rodríguez admitió una dádiva ofrecida en consideración a su cargo como diputado por un sujeto privado, consistente en un viaje a España con boletos aéreos, traslados, entre otros; sufragados de manera privada y por haber percibido el pago de dietas correspondientes a sesiones de la Asamblea Legislativa durante los días que estuvo en dicho viaje”,  afirma la Procuraduría.

La PEP confirmó que la Fiscalía ya terminó con la investigación penal que se sigue contra el legislador y que, desde el 13 de enero anterior, se lo informó para que esta decidiera si se presentaba al proceso en calidad de víctima, como ya hizo.

La Procuraduría ya había realizado una investigación administrativa por este caso, que fue trasladado al directorio de la Asamblea Legislativa, pero que debido al fuero de protección del que gozan los diputados, ese poder de la República no aplicó ningún procedimiento o sanción.

La querella contra el legislador, según recordó la PEP, requiere ahora ser tramitado con un procedimiento especial para juzgar a miembros de los supremos poderes, por lo que deberá pasarse a la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados autoricen la prosecución penal y remita de ese proceso a la Asamblea Legislativa, que sería la encargada de levantarle a Prendas su inmunidad.

“Si se levanta el fuero, el procedimiento seguirá en la Sala de Casación Penal, que es la competente para tomar la declaración al diputado, conferir audiencia para que las partes ofrezcan prueba y señalar fecha y hora para celebrar el juicio oral y público. En caso de que se acabe el periodo constitucional en el transcurso del procedimiento, el mismo pasa a ser un procedimiento de la vía ordinaria”, finalizó la Procuraduría.