Procuraduría cuestiona validez de póliza para proteger a policías

La Procuraduría General de la República cuestionó este martes el proyecto de ley que presentó el Gobierno de Rodrigo Chaves para adquirir una póliza de seguro que cubra la defensa legal y responsabilidad civil de los policías.

En audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, el procurador Iván Vincenti señaló que el proyecto no logra justificar su necesidad ni tampoco su finalidad puntual.

“El proyecto no tiene ni una sola estadística que revele que está atendiendo una preocupación real en cuanto a que haya una verdadera desatención de la defensa penal de los funcionarios policiales.

“El tema de que no tengamos claridad de cómo operaría el seguro podría generar una no atención de la finalidad que persigue el proyecto”, dijo.

Criticó, además, que ya la defensa pública protege a estos funcionarios y que, además, el proyecto no especifica a qué funcionarios cubriría puntualmente, aunque se presume que son a los de la primera línea de acción.

La propuesta, que tomó fuerza con la llegada de Laura Fernández al poder y una mayoría oficialista en el Congreso, busca proteger a los policías con un seguro que asuma los gastos de su defensa en caso de denuncias o actuaciones en cumplimiento de su trabajo.

Sin embargo, Vincenti fue claro en que la propuesta no precisa de dónde saldrían los fondos para costear esa póliza.

También dijo que es determinante que los diputados atiendan lo que dicte la Contraloría sobre la legalidad, o no, de utilizar fondos públicos para pagar pólizas individuales y no institucionales.

Al respecto, el ente contralor ya envió a la Comisión un criterio técnico que dejó claro que financiar la defensa y responsabilidad de funcionarios policiales desnaturaliza el régimen de responsabilidad personal y vulnera principios como la rendición de cuentas, la igualdad ante las cargas públicas y la justicia presupuestaria, de manera que trasladar esos costos al Estado sería inconstitucional.

El oficialismo defiende que proteger a funcionarios en el ejercicio de sus funciones debería ser una responsabilidad del Estado, que es la misma tesis de la fallida y cuestionada póliza que el pasado Gobierno impulsó, sin éxito, para cubrir a jerarcas de alto perfil.