Por Julio Naranjo |4 de octubre de 2019, 14:04 PM

El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Román Macaya aseguró este viernes que no son de recibo las declaraciones brindadas por la ministra de Hacienda, María del Rocío Aguilar, frente a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Durante la comparecencia en el Plenario, Aguilar señaló al jerarca de la Caja por los acuerdos firmados con los sindicatos de salud en febrero y agosto, este último para poner fin a la huelga y en el que deciden elevar a una instancia administrativa las anualidades e incentivos.

“El presidente ejecutivo de la CCSS no cumplió con lo estipulado por la ley en el título tercero… Un acuerdo que es contrario a lo que este Congreso aprobó no podría ser un acuerdo válido en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló la jerarca de Hacienda.

Sin embargo, estas palabras no fueron bien digeridas por Macaya al asegurar que la CCSS es más que una persona y tiene todo un equipo de negociación asesorado jurídicamente.

“Con el respeto que se merece la señora ministra, debo decir categóricamente que su juicio de valor sobre que este servidor (Macaya) se apartó de la ley no es de recibo”, mencionó el jerarca de la CCSS en un video enviado a los medios de comunicación.

Macaya resalta que todas las decisiones y acuerdos firmados fueron colegiados entre los diferentes representantes con apego estricto a la ley.

“Mideplan es el ente rector de esta ley y siempre hemos estado en comunicación. En febrero este ministerio nos señalaba que el acuerdo suscrito el 20 de febrero coincidía con su interpretación sobre cómo se deben aplicar estas normas”, explicó.

Agrega que en agosto se tuvo que negociar un segundo acuerdo para cerrar una huelga en una negociación conjunta entre la CCSS, Poder Ejecutivo y Ministerio de Trabajo.

Según Aguilar, en ningún momento sostuvieron reuniones con la CCSS para valorar los términos de la reforma fiscal, ya que al menos pudieron haber advertido sobre sus condiciones.

Hay que resaltar que los acuerdos suscritos quedaron sin validez luego de que la Contraloría General de la República (CGR) girara una orden a la CCSS de respetar todo lo contemplado en la implementación de la Ley N° 9635.