Por Juan José Herrera 18 de agosto de 2021, 17:52 PM

Los diputados María Inés Solís (PUSC) y Wágner Jiménez (PLN) presentaron este miércoles un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de la doble candidatura o postulación, que permite que un candidato a Presidente pueda optar, al mismo tiempo, por una diputación.

Esa posibilidad, que cada cuatro años reaviva debates en media campaña electoral, se da porque el Código Electoral no la prohíbe, de manera que se interpreta como que la admite.

La intención de los actuales diputados es precisamente que se reforme el artículo 148 del Código para que quede explícita esa prohibición.

“Queda prohibida la nominación simultánea como candidata o candidato a diputado por diferentes provincias. Cuando ello ocurra, la Dirección General del Registro Electoral, tomando en cuenta la voluntad del candidato o la candidata respectivo, inscribirá una de las nominaciones y suprimirá las demás”, reza la propuesta.

¿Por qué?

Según los diputados, la reforma permitiría “fortalecer la democracia” al no limitar la posibilidad de otros aspirantes de ser electos a una diputación.

“Queremos nivelar la cancha y establecer parámetros de igualdad en la participación a los diferentes cargos de elección popular, para que exista la posibilidad de que las personas que tengan interés de participar en la política electoral únicamente participen en un solo cargo, esa candidatura duplicada, en nada robustece a los partidos políticos”, dijo Jiménez.


La medida, sin embargo, viene precedida de dos partidos que históricamente nunca han avalado esa doble postulación por un tema de orgullo partidario y poder, al dejar claro la ambición de sus intenciones presidenciales y no dar indicios de lo que no pocos califican como “oportunismo político”.

Sin embargo, esa tesis no parece ser la de la mayoría de los interesados a la presidencia en 2022.

Rolando Araya (Costa Rica Justa), Fabricio Alvarado (Nueva República), Federico Malavassi (Unión Liberal), Rodolfo Hernández (Republicano Social Cristiano) u Óscar López (Accesibilidad Sin Exclusión) son solo algunas de las fórmulas presidenciales que apuestan por esa doble postulación.

“El hecho de que figuras que pueden obtener votaciones significativas en las elecciones y que no salgan electos lleguen a la Asamblea Legislativa es mejorar la composición del Plenario, eso enriquece la democracia en lugar de debilitarla.

“Un candidato a la presidencia es por lo general una persona de mayor experiencia, de más recorrido, entonces tener a esas figuras en la Asamblea no veo cómo puede debilitar la democracia, no comparto ese criterio”, dijo Rolando Araya.

Esa posición, aun así, no es compartida por todos los candidatos de los partidos menos tradicionales.

Tal es el caso de Rodrigo Chaves y el nuevo Progreso Social Democrático, quien ya había adelantado que la doble postulación es una señal de gente que “busca caer parada”.

¿Qué dice el TSE?

Precisamente en 2009 los diputados ya habían debatido sobre el tema de la doble postulación y en la reforma de ese año acordaron eliminar el artículo 74 bis del Código, que precisamente permitía expresamente la doble candidatura.

Sin embargo, hay quienes interpretan que esa reforma tuvo como intención prohibir esa posibilidad y otros sencillamente eliminar ruido para así, aclarar, que está permitida.

Héctor Fernández, director general del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, fue claro en que mientras no exista una prohibición legal y la Constitución Política así lo avale, la doble postulación es una práctica valida.

“El Tribunal durante años ha preferido no emitir criterio en este punto puesto que es una potestad de los señores y señoras diputadas realizar esas reformas, tal y como se hizo. La interpretación de su intención en aquel momento se las dejamos a ellos y nosotros cumplimos con hacer valer el reglamento.

“En este caso el Tribunal no valora si la doble postulación es buena o mala, sino simplemente si es legal y así lo es, mientras en la Constitución no diga lo contrario”, aseguró.

La reforma electoral propuesta, de aprobarse, no aplicaría para las próximas elecciones, pues el plazo de seis meses para los comicios ya entró a regir.