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La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, presentó la tarde de este viernes ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra lo que considera fue una "interpelación velada" al Presidente de la República por parte de los diputados.

Esta, según Duarte, ocurrió en febrero del presente año, cuando el mandatario estuvo en el Plenario para referirse al caso conocido como UPAD ante la comisión que investigaba este tema.

La jerarca asegura que, en la "interpelación velada" que se impugnó, se quebrantaron algunos mandatos constitucionales de la Constitución Política, así como principios constitucionales de configuración democrática y republicana del Estado y separación de poderes.

"De acuerdo a la Constitución Política, la competencia para interpelar se restringe a los ministros y ministras de Gobierno, nunca se permite hacerla al Presidente.

“Con ello, se produjo la lesión de principios esenciales del Estado constitucional, lo cual altera el adecuado equilibrio de funciones de los Poderes que conforman el modelo republicano costarricense y genera una situación de inseguridad jurídica”, explicó.

En su momento, la presidenta de Comisión investigadora del caso UPAD, Silvia Hernández, aseguró que no se trataba de una interpelación (interrogatorio a un ministro realizado en el Plenario), sino de una comparecencia ante dicha comisión, lo cual si es permitido por el ordenamiento.

Se argumentó, en ese entonces, que esa comparecencia se hizo en el Plenario por razones de espacio y que los diputados ajenos a esa comisión podían ir.

Fue por eso que desde entonces se generó una discusión acerca de si era una verdadera comparecencia ante una comisión o si era una interpelación ante el plenario hecha por todos los diputados, lo cual es prohibido por la Constitución.

Evitar situaciones futuras

“Como Ministra de la Presidencia, he jurado hacer cumplir la Constitución Política y las leyes de la República. Ese mandato me obliga a actuar en defensa del texto fundamental como norma suprema del ordenamiento jurídico costarricense”, dijo Dinarte.

“El objetivo de la acción es evitar que a futuro se genere nuevamente una alteración al Estado democrático de Derecho y asegurar que no se produzcan graves dislocaciones de la seguridad jurídica y el sistema costarricense de frenos y contrapesos”, concluyó la funcionaria.

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