¿Por qué ha costado tanto elegir a un nuevo defensor de los habitantes?

Si los diputados cumplen su promesa de elegir el próximo lunes a un nuevo defensor de los habitantes, el conteo de días que Costa Rica estuvo sin esa importante figura acabará en 77.

Esa cifra podría no parecer tan significativa sino fuera porque desde el pasado 7 de diciembre la Comisión de Nombramientos ya había concluido su análisis de los candidatos y recomendado al Plenario una lista de cuatro postulantes para elegir.

Sin embargo, la falta de consenso sobre esa votación partió al Congreso y obligó a poner en pausa la elección hasta conseguir algo de ese humo blanco que, en teoría, se verá el lunes.

¿Por qué ha costado tanto?

Por ley, el defensor de los habitantes está obligado a proteger los derechos y los intereses de los habitantes y velar porque el funcionamiento del sector público se ajuste a “la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho”.

Sin embargo, la tesis de dos expertos es que los diputados dejaron de lado las capacidades, cualidades y ética que debería tener el futuro defensor o defensora, y se dedicaron a impulsar sus agendas en medio de esta elección, convirtiendo esa decisión en un pulso entre conservadores y progresistas.

“La elección del defensor está sirviendo de pretexto para revivir debates sobre temas viejos y para mostrar pulsos de poder a lo interior de la Asamblea Legislativa.

“El tipo de candidatos que se han postulado ha servido para que las bancadas trasladen a la discusión luchas y discusiones de su agenda que normalmente habían dejado de lado, sin tener esa tribuna que hoy tiene la elección y que atrae la atención de los medios”, cuestionó el analista político, Sergio Araya.

Idéntica posición sostuvo el politólogo Claudio Alpízar, quien cuestionó como temas que abarcan a unos pocos se anteponen a los que cobijan a las mayorías.

“En lugar de estar buscando a una persona que por sus calidades y cualidades pueda defender a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los que la están pasando muy mal o a la gente más humilde, que no digo que no sean importantes, aplican una especificación a los que vamos a escoger en posturas como si está de acuerdo o no con los temas LGTBI, si es abortista o no, entonces otros temas más generales y que abarcan a más poblaciones se dejan de lado.

“Ahí se genera una lucha desde una instancia que debería ser para todos se busca a alguien para unos cuantos, una lucha entre quienes se dicen progresistas y los que se sienten conservadores para defender temas específicos y no los grandes temas nacionales, ese para mí es el gran tema y me da la impresión que para algunos partidos representa una corona tener a alguien cercano en la Defensoría de los Habitantes”, aseveró.

Alpízar cuestionó que la elección de la Defensoría se ha politiqueado y que hay sectores que también se han concentrado en buscar personas afines o complacientes que omitan esa obligación legal por proteger a los ciudadanos de eventuales violaciones o incumplimientos de la propia administración pública.

“Hay gobiernos de turno que buscan a una persona afín que no cuestione decisiones o errores que se puedan estar cometiendo, porque para eso es que tenemos al Defensor de los Habitantes, por esas violaciones que puedan existir en muchos sectores.

“En muchas ocasiones, también, el Poder Ejecutivo promueve figuras que no atenten contra algunas disposiciones a pesar de que puedan ser violatorias de derechos ciudadanos, por eso se busca a alguien con algún nivel de complacencia para evitar ese choque ante una ciudadanía que cada vez va exigiendo más”, dijo.

Araya, a su vez, adujo también a esas dificultades el peso histórico que la figura de la Defensoría ha tenido ante la opinión pública y la propia administración.

“Si bien ellos (los defensores) tienen lo que se conoce como una magistratura de influencia y la ley obliga a las entidades públicas a responder a los requerimientos que la Defensoría haga, especialmente de cara al Estado, esas observaciones no son vinculantes, pero sí tienen un peso simbólico muy significativo: no es lo mismo que un administrado presente una queja a que lo haga la Defensoría o que esta sea coadyuvante en un proceso en lugar de un individuo o un colectivo, por eso es un órgano importante o relevante”, dijo el experto.

El también politólogo recordó que esta elección, por primera vez en la historia, también tendrá la particularidad de ser pública, por lo que eso también ha tenido un peso importante en la elección, que evidenciará también la agenda de los diputados.

Para la elección del nuevo defensor o defensora se necesita de mayoría simple (mitad más uno).

Esa votación vendrá después de un debate reglado de dos horas que arrancará a las 3:30 p. m.

Según se ha dicho en pasillos legislativos, el acuerdo de los diputados es elegir una figura entre los postulantes que la Comisión de Nombramientos analizó, pero sin contar con los nombres que hasta ahora se han planteado como favoritos: entre ellos Erick Ulate, Laura Arguedas o Kathya Rodríguez.