Por Juan José Herrera 11 de mayo de 2026, 12:01 PM

El proyecto para establecer un monto máximo en las pensiones del sector público encabeza la extensa convocatoria que el Gobierno de Laura Fernández presentó este lunes para las sesiones extraordinarias.

Se trata del expediente 24.786, denominado "Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público", y que ya había sido presentado por el Gobierno de Rodrigo Chaves al pasado Congreso, donde fue rechazado y archivado en la Comisión de Asuntos Sociales.

La iniciativa, que ahora regresa a discusión de una Asamblea mayoritariamente oficialista, propone que todos los regímenes de jubilaciones con cargo al presupuesto nacional, incluidos el Poder Judicial y el Magisterio, tuvieran un tope máximo de ₡1.7 millones, equivalente a lo máximo que hoy otorgan las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Junto a esa iniciativa, el Poder Ejecutivo también volvió a presentar la cuestionada reforma para actualizar el canon que hoy pagan las empresas emisoras de radio y televisión.

En el caso de la radiodifusión televisiva, el canon sería de 7,73% sobre los ingresos brutos de cada concesionario, mientras que para los de radio, ese porcentaje sería de 3,13%. Esa propuesta, tramitada bajo el expediente 24.461, tampoco avanzó en la pasada Asamblea, que se inclinó por otro texto del liberacionista Óscar Izquierdo, sin que ninguno llegara a aprobarse.

Más propuestas

La extensa lista del Ejecutivo incluye también dos expedientes para limitar la elección y reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones (24.620 y 25.387, respectivamente).

Pone sobre la mesa el cuestionado proyecto de Pilar Cisneros para permitir la postulación a cargos públicos de personas sin partido político (candidatura individual) o con grupos electorales independientes (25.277).

También insiste en la propuesta de armonización del sistema eléctrico nacional (23.414) y el levantar la restricción legal para permitir la minería a cielo abierto en Crucitas (24.717), ambos textos fuertemente rechazados por el Frente Amplio.

Además, se incluye la iniciativa para prohibir la doble postulación de candidatos a la presidencia y diputados (23.401); la propuesta para autorizar una nueva emisión de eurobonos por $13.500 millones (25.363) y la propuesta para limitar a un único periodo la reelección de los altos cargos de la Contraloría General de la República.

En total, se convocaron 62 iniciativas, las cuales deberán ser analizadas por el Congreso cuando menos hasta finales de julio, pues en agosto iniciará el periodo de sesiones ordinarias, donde son los diputados quienes controlan su agenda.

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