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Los patronos que aún están sufriendo los efectos negativos de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 podrán extender por tres meses más la reducción de jornadas a sus trabajadores.

Así lo decidieron este martes 41 diputados con el voto afirmativo al expediente 22.265, que se había votado en primer debate a inicios de diciembre anterior.

La tesis de los legisladores es que la medida evitará una nueva ola de despidos y desempleo, permitiéndole a trabajadores sostener su mano de obra mientras los efectos de la pandemia pasan.

“Esta iniciativa permite a los patronos ajustar las jornadas laborales de manera que no se vean obligados a proceder con el despido de sus trabajadores, más en momentos donde las empresas no tienen con qué pagar los extremos laborales a sus colaboradores”, dijo la socialcristiana María Inés Solís, promotora de esa ampliación.

El texto aprobado pone como condiciones que para que esa ampliación se apruebe a quienes así lo soliciten se debe demostrar que las condiciones actuales siguen afectando a la empresa; además, prohíbe el pago de horas extra a los empleados de estas compañías, obligando a que en su lugar se reincorpore a trabajadores con horarios reducidos.

Igual que en primer debate, el proyecto encontró una férrea oposición en el frenteamplista José María Villalta y los oficialistas Paola Vega y Welmer Ramos. Ellos, junto a Wálter Muñoz (PIN), votaron en contra del proyecto.

Villalta y Vega argumentaron que al día de hoy no existen los estudios que demuestren el beneficio que la ampliación traería a los trabajadores o el sector laboral del país, ni tampoco los beneficios que ya trajo esa reducción desde marzo pasado.

Los legisladores sostienen que esa ampliación aprobada no tiene ningún sustento científico ni estadístico y que al final son los trabajadores los que están sufriendo con una decisión “antojadiza y equivocada” de los diputados.

Este martes la diputada del PAC fue más allá y acusó a los diputados querer favorecer a “socios comerciales o personas con afinidades ideológicas y empresariales” con decisiones como estas, así como de promover propuestas a partir de “intereses presidenciales” que según dijo ya son obvios en Cuesta de Moras.

La reducción de jornadas, que van desde el 25% hasta el 75% del tiempo, se aprobó en marzo anterior para evitar que empresas afectadas por la pandemia despidieran a sus trabajadores.

Villalta aseguró que, si bien la intención inicial era buena, hay muchos trabajadores que ahora están atrapados a un contrato laboral que no les alcanza para vivir pero que no pueden dejar para no perder sus prestaciones de ley.