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La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gladys Jiménez, exhortó este martes a los diputados a aprobar el expediente 22.112, que busca evitar la revictimización de los menores de edad en el sistema educativo costarricense.

La propuesta de la diputada Patricia Villegas (PIN) propone que los estudiantes que sufran de cualquier tipo de violencia por parte de un funcionario de la institución rindan declaración una sola vez para evitar que el proceso se siga repitiendo en las diferentes etapas del proceso.

Arias explicó que, en la actualidad, los menores de edad deben explicar primero al docente o director la situación que sufrió, luego replicar de nuevo ante el abogado del Ministerio de Educación y cuando el proceso sale del MEP empezar de cero nuevamente, “en algunos casos con criterios totalmente diferentes”.

“Este proyecto precisamente pretende evitar esta revictimización, garantizando que la prueba o declaración que se le tome a la persona menor de edad sea la misma en todas las etapas del proceso”, dijo la ministra.

La jerarca insistió en que el proceso tan detallado que ha seguido el expediente en las diferentes instancias permite que recoja cada una de las observaciones realizadas y que este proyecto sea lo suficientemente robusto para garantizar que la protección de los menores sea oportuna y efectiva.

Añadió que en la actualidad en el país los procedimientos seguidos no garantizan los derechos de los menores de edad por lo que la iniciativa facilita los procesos de denuncias, además resaltó se busca homologar las disposiciones legales del país con la legislación internacional y con ello saldar “una deuda histórica pendiente”.

Kathya Rodríguez, directora de Niñez y Adolescencia en la Defensoría de los Habitantes, explicó que actualmente un caso de abuso o agresión sexual cometido por un guarda de seguridad contra un estudiante dura hasta 163 días para discutir una intención de despido.

“En muchos casos son funcionarios que tienen expedientes abiertos por abusos y no necesariamente una medida cautelar, por lo que por ejemplo este guarda puede permanecer en un portón durante todo este tiempo y el niño tendrá que verlo todos los días”, dijo.

De la misma forma, Rodríguez señaló que en el caso de docentes esos periodos se extienden, en el mejor de los casos, hasta 283 días.

El proyecto busca reducir drásticamente estos tiempos y además garantizar medidas cautelares para tranquilidad de las víctimas.

Además establece que, aquellos funcionarios despedidos por estas razones, quedarán impedidos de participar en contrataciones del Registro Civil por 10 años.

Protección de no nacidos

La propia Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, inició este martes con la lectura de mociones para el expediente 21.239, denominado Ley de Derechos del Niño y la Niña por Nacer.

La propuesta, del independiente Jonathan Prendas, propone la adhesión de un artículo al Código de Niñez y Adolescencia para otorgarle a la persona por nacer una serie de derechos, entre ellos al reconocimiento de su personalidad jurídica y su correcta formación y desarrollo.

La propuesta fue ampliamente cuestionada por las diputadas oficialistas Paola Vega y Nielsen Pérez.

Vega, autora de la mayoría de las mociones presentadas, objetó el proyecto en su generalidad y también en sus incisos, asegurando que está plagado de “imprecisiones jurídicas” y que el proyecto, en su redacción actual, es una amenaza para el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La diputada insistió en que el texto no solo contraviene la normativa internacional sino que además contraviene la defensa de los derechos humanos en su redacción.

Uno de las principales quejas de la legisladora es que la propuesta no hace distinción de los diferentes estados de fecundación, y que por ejemplo, el inciso k propone dar una protección especial a las personas no nacidas “más que a cualquier otra persona” por parte de la familia, Estado y sociedad.

“Por ley ninguna persona puede tener más protección de derechos que otra, es como decir que los blancos tienen más derechos que los negros o que los heterosexuales tienen más derechos que la población LGTBIQ”, dijo Vega con indignación.

Sus mociones, sin embargo, fueron todas rechazadas.

Ambos proyectos deberán ser dictaminados en los próximos días.