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La fracción del Partido Acción Ciudadana presentó este viernes una consulta de constitucionalidad a la Sala IV por el proyecto que pretende condonar las deudas de morosos con la Caja Costarricense de Seguro Social.

El expediente, que fue aprobado en primer debate el 24 de agosto anterior, propone una amnistía para patronos de multas, intereses y recargos por deudas, mientras que para trabajadores independientes de esos rubros y también del principal.

Esa condonación, que también incluye al resto de instituciones de la seguridad social, fue ampliamente debatida por la propia CCSS por su generalidad y extremos, así como por la inquietud de si los diputados no violentan la autonomía constitucional de la institución decidiendo sobre sus deudas.

Precisamente en esa línea fue que la bancada oficialista presentó su consulta, firmada por sus 10 miembros.

“La necesidad de elevar a consulta constitucional para clarificar el espacio posible de acción de la Asamblea Legislativa en una materia propia de la CCSS, dado su rango de autonomía, fue tema recurrente en el debate de comisión, así como también dicha necesidad fue conversada en el espacio de jefes y jefas de fracción. Desde el PAC apoyamos el proyecto y queremos conocer los límites constitucionales que podría tener”, dijo la jefa de fracción del PAC, Laura Guido.

De igual forma se consultó a la Sala si la Asamblea Legislativa tiene la potestad de establecer las condiciones de cómo debe aplicar la CCSS la condonación y si es posible condonar el monto principal a los trabajadores independientes.

La CCSS había presentado a los diputados, en el marco del proyecto, que a mayo anterior había 15.645 patronos activos morosos y 116.029 trabajadores independientes activos morosos.

Todos ellos adeudaban en total, solo a esa institución, ₡346.706 millones.

La defensa de una mayoría de diputados es que el proyecto podría ayudar a cientos de trabajadores y pequeñas empresas a volver a la formalidad, garantizando mejores condiciones para estos y además un ingreso para las arcas del Estado.

Sin embargo, legisladores como José María Villalta (Frente Amplio) criticaron que el proyecto no hace ninguna distinción entre un trabajador o patrono que no puede pagar sus obligaciones y otro que no quiere, además de que no distingue entre pequeñas o grandes empresas y que concedería ese favor a todos los morosos, incluidos aquellos que han sido condenados por delitos como retención indebida.

Precisamente el frenteamplista presentó ayer, junto a otros 10 diputados, otra consulta a la Sala en esa línea. 

En esta se señala no solo la presunta violación a la autonomía de la CCSS, sino también una presunta ilegalidad pues los montos condonados no sumarían a las cuotas de la pensión, lo cual interpretan como una renuncia a un derecho protegido por la Constitución.

La Sala Constitucional tendrá un mes para debatir sobre el expediente y emitir un criterio.

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