Operadoras advierten de riesgos por cobrar renta a pensiones voluntarias

La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), que reúne a seis de las principales empresas en ese mercado, advirtió este jueves los efectos negativos que según ellos tendría la aprobación del proyecto 22.261, que busca unificar los cobros de renta a las personas que poseen más de una pensión.

Su posición llega luego de la consulta que les realizó la diputada liberacionista Yorleny León, precisamente la proponente de la iniciativa.

La idea de la verdiblanca es que los llamados multipensionados reciban un solo cobro del impuesto por todas las pensiones que poseen, en lugar del modelo actual donde se tributa por cada una de manera separada.

Ese cambio, según la diputada, impulsaría la justicia cobratoria al evitar que estas personas se beneficien de exenciones o cálculos equivocados y con esto mejoraría la situación fiscal del país.

El problema es que, como bien señaló el Ministerio de Hacienda semana atrás, el proyecto no establece qué sucede con los regímenes voluntarios y obligatorios, que hoy están exentos del pago de renta.

“Ya eso está claro, ya se presentó una moción para dejar fuera el ROP. En el caso de las pensiones voluntarias nuestro análisis es que en la gran mayoría de los casos las personas que pagan una pensión voluntaria y además poseen otra pensión no es como que les falta la plata, sino que les sobra para pagar esa adicional.

“Entonces la idea es que ellas se mantengan y que esa exención sea calculada como un todo y no por una base separada, de manera que haya una mayor justicia en el cobro”, dijo León.

En contra

Para ACOP, el resultado de esa inclusión traería el efecto contrario.

“Establecer un impuesto de renta sobre esos fondos se convertiría en un estímulo inmediato para el retiro masivo, con lo cual no solo desaparecería el régimen voluntario, sino que además el fisco no recaudaría más que una ínfima suma de dinero”, dijo la entidad.

Según la asociación, actualmente más de un 70% de los planes voluntarios de las operadoras Popular Pensiones, BCR OPC y BN Vital (que representan el 86% del total de cotizantes del país) están altamente concentrados en títulos del sector público, por lo que de presentarse un desincentivo para este tipo de ahorro, el Gobierno vería disminuida sus posibilidades de financiamiento.

“Una eventual tasa de renta para las pensiones voluntarias impactaría también el sector financiero nacional debido a la liquidación masiva de valores que tendrían que hacer la Operadoras de Pensiones, lo que sin duda afectaría el precio de los títulos, tasas de interés y rendimientos, amén de las metas de inflación al alterar los flujos de disponibilidades”, añadió.

León justificó que es lógico que las operadores estén defendiendo su negocio y aseguró que ya le solicitó un informe a ACOP para conocer el impacto total de las carteras de pensiones, pero que esa información le fue negada bajo excusas de confidencialidad.

“La muestra que ellos utilizan para asegurar que las pensiones voluntarias son muy bajas es de un 2%, ese dato es engañoso. Yo puedo justificar esa exclusión con esos números”, dijo.

La legisladora, aún así, reconoció que está abierta al análisis y que su interés no es afectar a las poblaciones más vulnerables sino ayudar a la situación fiscal del país.

“Ya le solicité a la Superintendencia de Pensiones una posición, estoy a la espera de eso, pero no crea que estoy cerrada a los cambios, lo que quiero es que el proyecto sea bueno, pero sepa que aquí hay todo un lobby fuerte de las operadoras por cuidar su negocio, y eso es lógico, es entendible”, finalizó.